El 28 de febrero pasado Jesús Ramírez dio una charla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esa intervención llevó por título 'La nueva narrativa en la Cuarta Transformación'. Y fue ahí donde comenzó un capítulo más de la historia de embates de una Presidencia de la República en contra de la prensa.
En esa ocasión, el vocero presidencial dijo lo siguiente: "De los 60 mil millones de pesos (de publicidad oficial gastados en el sexenio de Peña Nieto), los columnistas, comentaristas conspicuos, que no llegan a más de 15, recibían casi una cuarta parte. Nada más hagan cuentas ustedes, las listas están en Internet, no voy a señalar a nadie, pero… porque también son públicas, quienes recibían financiamiento de entidades públicas, de Pemex, de CFE, de la Lotería Nacional, de Salud, del IMSS, de Presidencia, de Gobernación, de todas las instituciones, y son 15 personas, como máximo, que se llevaban una cuarta parte. Y luego veremos quienes son los más críticos en estos momentos de las cosas que se hacen, creo que hay un sesgo en su análisis que tiene que ver con los ingresos que ya no van a tener, porque una decisión que se tomó fue reducir a la mitad el gasto gubernamental en publicidad para cerrarle el espacio a la corrupción".
Una semana después, un periodista de Contralínea entrevistó a Ramírez para que abundara en sus dichos sobre esa lista y ese monto. En esa fecha, el colaborador del presidente López Obrador declaró que sus aseveraciones surgían de dos fuentes: un texto de Javier Tejado Dondé y que "hay muchos registros" (de hecho agregó que él tenía "listas de esos periodistas").
Cuando el reportero le pregunta si hay un periodista de ese listado que haya recibido mil millones de pesos (cantidad inverosímil aun en un México de abusos), Ramírez contesta que "no, no. Es un conjunto de periodistas o comentaristas y hasta directivos de periódicos que han recibido de manera directa, a su nombre, están los contratos a su nombre, como asesores de imagen, como asesores de información, incluso en campañas [publicitarias] –y que en conjunto recibieron el 25 por ciento de un presupuesto de 60 mil millones en seis años". O sea, sí, en promedio habrían recibido 1 mil millones de pesos (¡?).
Tres meses después, estos dichos del vocero presidencial de un gobierno que se quiere presentar como honesto no se han podido probar. Esas declaraciones hoy resultan o muy exageradas o de plano falsas.
La semana pasada el periódico Reforma obtuvo vía transparencia un listado de periodistas que recibieron presupuesto durante el sexenio anterior. Lo que Reforma solicitó a la Presidencia fue, precisamente, la información relativa a los "15 periodistas" que se habrían llevado "15 mil millones de pesos". Es decir, solicitaron las pruebas de lo que declaró, dos veces, el vocero.
La lista de Reforma está compuesta por mucho más de 15 periodistas que, sin embargo, obtuvieron mucho menos de 15 mil millones de pesos. Y, más importante, esa respuesta gubernamental no prueba que tales recursos hayan sido eminentemente para sufragar "asesorías de imagen, de información o campañas", como declaró Ramírez a Contralínea.
El listado está compuesto por 36 periodistas y en total hay involucrados mil 81 millones de pesos.
La publicación de esa lista provocó, empero, el efecto deseado en la Presidencia de la República: se tendió un velo de sospecha en torno a la prensa en general, y en particular sobre periodistas que encabezan medios de comunicación, entre ellos algunos de talante claramente crítico y plural como es Animal Político.
Se jugó, de manera perversa, con la idea de que si un medio recibe dinero público está manchado, pues tal recurso provino de un gobierno desacreditado como lo fue el de Peña Nieto.
Un director de comunicación social debería ser un factor de entendimiento entre la sociedad y el gobierno. Por su contacto con los medios, por su obligación de diseminar de la mejor manera el mensaje gubernamental, se requiere en ese puesto a un gestionador capaz de atender, por un lado, las necesidades de los funcionarios por hacer saber sus políticas y, por otro, las demandas de los periodistas para divulgar información de relevancia pública.
En los sexenios anteriores, y cabe decir que el actual no está exento de esa posibilidad, hubo quien desde el poder corrompió a periodistas y hubo periodistas que vivieron de embutes gubernamentales.
Un gobierno que se autoproclama de cambio debería denunciar en las instancias correspondientes cualquier hallazgo en cuanto a conductas indebidas o ilegales en contratos de gobierno con periodistas o medios. Es una obligación normativa y un deber democrático hacer rendir cuentas a exfuncionarios y a los beneficiarios de tales prebendas.
Declarar desde Palacio Nacional barbaridades contra los medios que no se pueden probar, y que vulneran el ejercicio periodístico en su conjunto, socava no solo a la prensa, sino las capacidades de los periodistas para ejercer la libertad de expresión a favor de los mexicanos.
Como experiodista, el vocero presidencial es un volador de notas. Como funcionario público, es alguien que declaró en falso.
Lo peor es que no hay garantía de que el actual gobierno use sin favoritismos, o sin ceder a la tentación de castigar la crítica, los 4 mil millones de pesos disponibles para publicidad oficial. Y todo ese dinero pasará por la oficina de Ramírez.