Lo ocurrido en los últimos días en Jalisco no obedece a una conspiración, ni a factores que se salieron de control. La causa de la crisis jalisciense por graves abusos policiales está en el origen, en la esencia de un sistema político-policiaco que no ha querido resolver añejas condiciones que no sólo son disfuncionales para una democracia, sino que atentan contra ésta.
La mecha de este incendio prendió por un asesinato a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, pero tan aberrante homicidio, propio de dictaduras, pudo haber ocurrido lo mismo en la zona de Los Altos, que en la Costa o en el rumbo del ingenio de Tala, es decir, en cualquier parte de Jalisco.
Porque las policías municipales están podridas. Y la discusión del mando único o de esquemas de profesionalización policial, ha generado décadas de foros y miles de páginas en propuestas, pero nulo aterrizaje en una realidad en la que un puñado de casos excepcionales son, precisamente, confirmación de la regla del desastre policiaco nacional, y jalisciense.
Ese es el primer elemento de las condiciones preexistentes que llevan a un gobierno, tarde que temprano, a una crisis mayor como la que hoy vive Jalisco.
La segunda variable de esa profecía sin escapatoria es la impunidad. El asesinato policial de Giovanni López no fue investigado por las autoridades municipales, pero tampoco por la fiscalía jalisciense. Así, cuando semanas más tarde el video de la injustificable detención irrumpe en la opinión pública (de forma fortuita o malintencionada), las autoridades estatales son, ni más ni menos, cómplices de un grave delito.
Y sí, ahí ya aplica aquello de fue el Estado. Que una policía municipal asesine, malísimo, pero que el fiscal estatal solape, deja a la ciudadanía con una sola certidumbre: no sólo estamos solos, sino que el Estado está contra los ciudadanos.
La tercera condición del desastre inescapable es el victimismo de la autoridad, que en este caso no sólo comienza con el gobernador, sino que precisamente gracias a Enrique Alfaro es posible explicar, que no entender, la violencia de los policías a la hora de reprimir a jóvenes.
A pesar de que no le ha funcionado en varios episodios polémicos de su aún joven administración, Alfaro no ha entendido que declarar frustración o manifestar enojo está lejos de representar hoy un valor en el mercado del liderazgo.
Sus declaraciones altisonantes, o habría que decir sus "desplantes" mediáticos, lo muestran como alguien carente del control que tanto se requiere de un líder, precisamente, en momentos de alta volatilidad. Peor aún: un jefe que no se contiene envía a sus subalternos el mensaje de que no serán mal vistos aquellos que se dejen gobernar por sus emociones.
Un cuarto elemento de este coctel que no tenía más que la opción de explotar es la incapacidad mostrada por el gobierno para poner de inmediato en el centro de su actuar la empatía con ciudadanas y ciudadanos trastocados por la indignación. En vez de ello, y sobre todo si hay indicios creíbles de que la crisis es espoleada por adversarios interesados en desestabilizar a un adversario de peso, el mandatario no sólo no se puso del lado de la ciudadanía, si no que de manera injustificable descuidó el actuar de sus policías.
Finalmente, pero no menor: el peso del crimen organizado en una entidad como Jalisco no está ausente del origen de la corrupción policial y la impunidad de las fiscalías.
Hace justo tres meses, Jalisco parecía encontrar el inicio de una fórmula para no ceder al autoritarismo frente a manifestaciones. En las jornadas de reclamos de las mujeres por inaceptables condiciones de desigualdad, agresiones y asesinatos en su contra, miles de tapatías se manifestaron y la autoridad supo, en términos generales, hacerse a un lado.
Noventa días después las escenas del fin de semana nos han regresado a los peores momentos de gobiernos pri-panistas en el estado. La sociedad mexicana no se puede dar el lujo de revivir Atencos a la primera provocación.
Al igual que cuando Marcelo Ebrard tuvo que enfrentar el desastre policiaco de sus elementos en el News Divine (2008), si Enrique Alfaro quiere que esta crisis no sepulte su gobierno debe con prontitud destituir a todos los responsables de las represiones de estos días pero también a los de las omisiones en la investigación del asesinato de Ixtlahuacán; erradicar esa propensión victimista, y reconfigurar su administración, comenzando por las policías propias –y con su fuerza en el congreso estatal a las que no le responden–, de forma tal que la garantía de no repetición sea más que un anhelo de buenas intenciones. De lo contrario lo único que ocurrirá, más pronto que tarde, es una nueva crisis, pues si las condiciones preexistentes no cambian, la resultante tampoco.