El reportaje conocido como La Estafa Maestra no vio la luz en el mejor momento. Luego de meses de preparación, se publicó a principios de septiembre de 2017. Un par de días después un terremoto destruía cientos de casas en Chiapas y Oaxaca. Con toda razón, la atención mediática se fue a cubrir la desgracia ocurrida en el sureste.
Pero el reportaje logró que al paso de las semanas se siguiera hablando sobre la denuncia del engaño mediante el cual diversos organismos públicos entregaron más de 7 mil millones de pesos a universidades de seis estados, montos provenientes de las cuentas públicas de 2013 y 2014, que desaparecieron en subcontrataciones donde entidades fantasma o irregulares chuparon el dinero oficial. En esa millonaria malversación, las casas de estudios superiores fungieron como vil coyote.
Como todo en el sexenio de Peña Nieto, ante el escándalo provocado por La Estafa Maestra, el gobierno (es un decir) del mexiquense anunció investigaciones, pero salvo un caso menor de una sanción a un exfuncionario del Fovissste, nadie enfrentó consecuencias.
La nueva administración ha logrado en apenas unos cuantos días abrir la expectativa de que la Estafa Maestra podría tener un nuevo capítulo, el que sería obligado en una democracia funcional.
La revista Proceso y Animal Político dieron a conocer la semana pasada que funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que participaron en el esquema de la Estafa Maestra colaboraban en la nueva administración. Son tres altos cargos, entre ellos ni más ni menos que el director de Producción y Exploración, y el gerente de operación y control financiero.
Animal Político, coautor de La Estafa Maestra con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, llevó el tema a una conferencia mañanera; el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 24 horas para responder sobre el caso, al término de las cuales confirmó la información del portal y anunció que la Secretaría de la Función Pública iniciaría una investigación. Ayer, en el plazo prometido por AMLO, la titular de la SFP dio un informe y justo es decir que lo que la secretaria Irma Eréndira Sandoval dijo es digno se prestarle atención.
El informe no sólo confirma sobrecostos, incapacidad de las empresas contratadas por las universidades y que esos contratos rebasaron el monto de trabajo que las casas de estudio podían ceder a terceros. El documento dado a conocer este jueves plantea una promesa que, de ser honrada, podría marcar una diferencia con lo que se veía hasta noviembre del año pasado.
Cito un párrafo de lo dicho por la titular de la SFP para ilustrar lo anterior:
"La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó, pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos, abdicaron su responsabilidad, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades".
Lo que dice el párrafo anterior es el tema clave del multimillonario fraude: no pudo haber ocurrido sin que las autoridades superiores estuvieran al tanto, y sin que luego las mismas se encargaran de que aquellos que debieran investigar abdicaran de su responsabilidad y fueran omisos frente a los hechos, para usar las palabras de Sandoval.
Así, es alentador que la nueva secretaria diga con todas sus letras que su antecesora en la SFP "no dio el seguimiento que en su momento debió haber ofrecido el Órgano Interno de Control a estos relevantes casos".
Como alentador también resulta que Sandoval anuncie "auditorías a los convenios posteriores a 2013, celebrados por Pemex Exploración y Producción", y que la SFP "presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes".
Hasta aquí las buenas nuevas. Noticias que serán realmente positivas sí, y sólo sí, los hechos consolidan las promesas de la secretaria.
Sin embargo, algo también destaca del informe presentado ayer por Sandoval: su alcance es muy limitado. Porque, como se sabe, la Estafa Maestra no fue operada sólo en Pemex, sino en una decena de instituciones entre las que destacan Sedesol, de Rosario Robles, y Fovissste, de Reyes Baeza.
Qué bueno que la SFP ha comenzado a denunciar la inacción que hubo con respecto a las denuncias en Pemex. Pero se requiere que la Función Pública muy pronto anuncie que todas las dependencias que participaron de ese esquema, y las autoridades que lo permitieron y abdicaron a investigar, serán llamadas a cuentas. Veremos.