El viernes el diario The Wall Street Journal publicó que todo parece indicar que en Estados Unidos el Departamento de Justicia y la Comisión de Mercados y Valores (Security and Exchange Commission, SEC) realizarán una investigación a Pemex, pesquisa donde agruparán tanto presuntas irregularidades en el caso Fertinal como otras denuncias por fraude radicadas en mayo.
La revelación del diario estadounidense se dio en el marco de la publicación, por ese rotativo, de la noticia de que existían audios donde funcionarios de la pasada administración describen un esquema de sobornos al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex). Detalles de esos audios también fueron dados a conocer por Univisión.
Una denuncia por ese caso, radicada en la Unión Americana por la empresa Oro Negro, que encargó las grabaciones de los ejecutivos de Pemex para presuntamente demostrar que su quiebra se debía a que no quiso pagar sobornos, también formaría parte de la macroinvestigación emprendida por autoridades estadounidenses, de acuerdo con el diario neoyorquino.
En las grabaciones, cuyos detalles dio a conocer el lunes Carlos Loret de Mola en nota firmada por Arelí Quintero y Miguel Castillo, se oye lo que no pocas columnas de la prensa mexicana habían referido de tiempo atrás: que Emilio Lozoya cobraba entre 50 mil y 100 mil dólares por cita. Se escucha además a entonces funcionarios mencionar esquemas de ocultamiento de los sobornos utilizados por diversos ejecutivos que abren para tal propósito empresas en Asia o que las ponen a nombre de hijos o incluso padres.
Pero, por supuesto, no es lo mismo haber leído en la prensa esas versiones que escucharlas en la voz de quienes durante años tuvieron altos cargos en la petrolera nacional.
Las revelaciones constituyen un escándalo que debe ser investigado de inmediato por las autoridades mexicanas, porque de lo contrario el riesgo no es sólo de ser exhibidos como cómplices de impunidad, sino que Estados Unidos pase por encima de nuestro país en este caso, que podría ser el Odebrecht mexicano.
De acuerdo con el punto de vista de abogados expertos en investigaciones anticorrupción a nivel internacional, el caso constituye una prueba muy delicada para México, pues constituiría la primera indagatoria multinacional a gran escala en los tiempos no sólo del nuevo gobierno, que ha hecho del combate a la corrupción su apuesta, sino del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Esto significa que la Fiscalía General de la República (FGR), y eventualmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tendrían que coordinarse y cooperar con la SEC y el Departamento de Justicia.
En el eventual caso de que la FGR decidiera no cooperar con las autoridades estadounidenses, y dado que la implementación del SNA ha llevado a nuestro país a tener sistemas homologables al de otros países, entonces se perfila el escenario donde el Departamento de Justicia y la SEC tendrán la capacidad y el mandato para realizar la investigación sin nuestro país. Encima, México se quedaría sin acceso a los fondos que por las eventuales sanciones se impongan a quienes resulten responsables.
La noticia de los audios le ha de haber provocado sentimientos encontrados a Pemex. Si es una buena noticia tener indicios de casos de corrupción del sexenio anterior, no lo es tan buena que tendrá que conseguirse abogados especialistas en lidiar este caso en las grandes ligas. Menos halagüeño aún lucirá el panorama si a la empresa se le llega a multar por corrupción, esos castigos serán muy poco oportunos en medio de las dificultades económicas por las que atraviesa la entidad dirigida por Octavio Romero.
En todo caso, una vez más desde el extranjero llega la posibilidad de que se investigue a fondo un escándalo en nuestro país. Ojalá en esas pesquisas participen, proactivamente, las autoridades mexicanas.