Al arranque del sexenio, en los primeros días de diciembre, en la Secretaría de la Función Pública algunos llegaban, otros no veían la hora de irse y otros más negociaban algún tipo de permanencia.
Como en todo cambio de administración, los nuevos iban con tiento antes de asegurar a nadie de los funcionarios sobrevivientes si seguirían o no en su puesto. Pero, cuentan, se dio el caso de un director que a ojos de la secretaria Irma Eréndira Sandoval valía la pena que se quedara, al menos por unas semanas en lo que se daba una transición. Así lo hizo saber pero se topó con una sorpresa. Tal decisión fue repelida por la oficial mayor de la SFP, Sonia Hernández Pineda.
Ante la negativa, la titular de la dependencia insistió en su petición, y la sorpresa fue doble: Hernández Pineda –a quien se encargó el puesto de Administración y Finanzas– reiteró sus reservas sobre la petición, no sin antes dejar muy en claro que a final de cuentas ella no dependía de la secretaria, sino de Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una de las personas que más poder ha acumulado en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, poder que resienten en varios lados.
Buenrostro Sánchez suma casi diez años de experiencia en la administración pública, cuenta con una licenciatura en Matemáticas (UNAM) y con maestría en Economía (Colmex), y se ha convertido en un dique infranqueable dentro y fuera del gobierno.
Y ha concentrado un poder que lo mismo resienten secretarios de Estado y directores de dependencias, que proveedores de la administración.
Su mano se hace sentir incluso más que la del subsecretario de Egresos o que el mismo secretario de Hacienda.
Un capítulo que muestra su poder es el memorándum que emitió el 29 de abril, cuando se dirigió a los "Titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal" para instruirles que "por instrucciones del Señor Presidente de la República, toda aquella persona contratada a partir del 1º de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación y oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberá ser separada de su encargo el día de la recepción del presente oficio, en el marco de las disposiciones legales aplicables".
El documento está copiado a López Obrador, "para su superior conocimiento"; al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; la titular de la Función Pública; los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o sus equivalentes (Oficialía Mayor, por ejemplo), y a los titulares de los órganos internos de control.
Aunque está por verse si "por instrucciones del Señor Presidente" es un fundamento legal (ella en su memorándum asienta que además se basa en un oficio de Hacienda del 28 de enero en donde se "reiteró la prohibición" de contratar personal en las delegaciones), lo cierto es que Buenrostro es vista como un brazo ejecutor de AMLO que llega a tener más iniciativa de la debida.
El que le ha dado ese poder, sin embargo, es el presidente, que lo mismo se ha recargado en ella para centralizar todas las compras del gobierno que para sortear algunas crisis, como la del abasto del combustible, en la que Buenrostro fue una de las tres personas encargadas de comprar pipas en el extranjero.
En el gobierno se escucha que Buenrostro tiene detenido todo. Que decide lo mismo pagos que recortes, que lo hace sin cuidar debidamente las líneas de mando y sin medir las consecuencias que sus instrucciones tendrán en la operación del gobierno e incluso en la captación de ingresos.
Vaya que Buenrostro ha tenido un ascenso vertiginoso en la administración pública: de haber debutado como asesora en Finanzas en Pemex en agosto de 2010, dependencia en la que ha colaborado en diversas ocasiones además de un breve paso por la SEP y por Turismo, ahora concentra todo el poder de las compras y de las contrataciones. No es poco en una administración que quiere distinguirse por ahorros y eficacia (además de cero corrupción) del gasto.
A ver si no sucede que de tanto recortar a ese elefante que es la burocracia (AMLO dixit), y de tanto limitar los gastos –por concentrar las compras o por los retrasos en las decisiones– Buenrostro no termine por hacer quedar mal a su jefe al provocar problemas mayores. Por el bien del gobierno, ojalá que no.