¿De qué quiere Andrés Manuel López Obrador que se traten las elecciones de 2021? Esa pregunta explica las decisiones del gobierno federal, incluida la polémica iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
El presidente de la República continúa su proceso de recuperación tras haber enfermado de Covid-19. Pero la pausa no es sinónimo de parálisis política: ha lanzado al Congreso una bola rápida que puede dejar a demasiados abanicando, empezando por el país mismo.
Por decisión de AMLO, el Legislativo tendrá que legislar de manera preferente una iniciativa que trastoca la electricidad en México.
La propuesta ha encendido las alarmas porque al privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en contra de productores privados y/o de energías limpias se compromete no sólo el futuro ambiental de México, sino también la competencia y se revienta la imagen de nuestro país en cuanto a certidumbre jurídica, pues cambiarían reglas que datan no sólo de este sexenio, sino del de Ernesto Zedillo.
De ser aprobada, esta ley le evitará al gobierno enfrentar amparos en distintos juzgados, procesos judiciales en los que sus políticas eléctricas de estos dos años han podido ser detenidas o al menos contenidas. Pero el cambio en la ley no necesariamente se traducirá en mejor energía eléctrica (ni más barata ni más limpia) para hogares e industrias. Cabe la posibilidad, hay que decir, que una vez aprobada la ley, ésta enfrente nuevos amparos o acciones de constitucionalidad. Pero falta mucho para que ocurra eso.
Para lo que no falta nada, por supuesto, es para que veamos una discusión de esta iniciativa en dos planos. Un sector de la opinión pública advierte desde ya sobre el cambio propuesto, calificado por algunos, ni más ni menos, como una nueva expropiación de la industria eléctrica, pues cambia los términos de los contratos existentes, y al modificar las reglas del juego para beneficiar sí o sí a la CFE, dejan a la industria bajo el yugo de Manuel Bartlett.
Ese grupo reclama, con argumentos técnicos de producción de energía y protección ambiental, así como leyes nacionales y compromisos internacionales, que antes de pensar en un mercado donde la eficiencia y los menores costos se premien, se opte por proteger al ente estatal independientemente de sus probadas deficiencias. Eso se traducirá en mayores subsidios a los consumidores (o en subirles el precio), y en impactos ambientales porque se incentiva, por ejemplo, el uso de carbón.
Pero la discusión no será mayormente técnica. El Presidente la llevará al terreno político. Desde la iniciativa misma López Obrador la plantea como una corrección a lo que, define, fueron medidas neoporfiristas.
Por más que hayamos escuchado esa retórica, en esta ocasión tales palabras tienen motivos específicos. Andrés Manuel ha incluido en la iniciativa la argumentación de que el modelo actual es producto de la corrupción. Al mencionar eso el Presidente está tratando de lograr una cobertura: cuando en el plano internacional se le reclame por incumplir contratos, podrá argumentar, incluso legalmente, que más que un incumplimiento es una corrección de algo que surgió de manera indebida, al ser producto de sobornos como los reconocidos por Lozoya.
Y en segundo lugar, en plenas campañas el Presidente machacará la idea de que estamos ante un ejercicio de soberanía, que está honrando el legado de López Mateos, al que ha manifestado admiración varias veces, al recuperar para el país la rectoría de la electricidad.
Sí, ambas partes hablarán de una nueva expropiación. Para unos será un abuso sin justificación ni beneficios, pero para el Presidente un arma retórica que tratará de revestir de patriotismo.