El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció hace una semana que había llegado a un acuerdo con las empresas de gasoductos. El anuncio tiene varias lecturas.
El Presidente lo quiso presentar como un triunfo: se llegó a un nuevo arreglo en contratos que antes fueron criticados como leoninos. Los expertos, sin embargo, creen que terminaremos pagando más dinero del que originalmente estaba planteado. Así que todo normal, López Obrador con sus datos, los especialistas con los suyos.
Por su parte, los empresarios presentes en el anuncio calificaron el acuerdo como uno de ganar-ganar. El tono de las intervenciones en la mañanera, tanto de Carlos Slim como de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue de satisfacción. Para ellos, un México feliz.
Pero hubo quien quiso ver en el anuncio el germen de una esperanza, de lo inédito: el Presidente no es como lo pintan, el Presidente puede cambiar de opinión, el Presidente es razonable, el Presidente rectifica…
¿Qué tendrá que pasar para que a todo mundo le caiga el veinte de que AMLO no cambia?
Va otro ejemplo de que López Obrador va derecho y no se quita. Uno del mismo domingo.
Antes del 1 de julio de 2018 y durante al menos tres décadas, buena parte de la clase política, incluida la del PRI, y de la opinión pública se puso de acuerdo en que se tenía que dotar a México de reglas y procedimientos electorales que todo mundo aceptara.
No es que en ese periodo no hubiera trampas o chicanas legaloides, pero el umbral de las mismas se fue reduciendo en la práctica y, sobre todo, si un actor político era evidenciado en una mapachada, los partidos afectados podían reclamar la burla y cancelar el diálogo tendiente a sacar alguna legislación, o hacerle un vacío al gobierno en algunas negociaciones o actos públicos, etcétera. Dicho simplemente: se volvió poco funcional pasar por alto las trapacerías (por ejemplo en Veracruz, cuando en el sexenio pasado el PAN y el PRD reclamaron al PRI lo que el delegado de la Sedesol hacía en ese estado en tiempos de Javier Duarte. Peña Nieto no tuvo más alternativa que prometer castigo).
En tiempos de López Obrador, sin embargo, eso ha cambiado. Porque, y siguiendo en los temas electorales, nada ha enervado más en las últimas semanas a la opinión pública que el intento de Jaime Bonilla, vía el Congreso de Baja California, por extender su mandato como gobernador de ese estado de dos a cinco años.
Toda una generación de políticos y observadores ven con azoro cómo el entendimiento anterior, de lo que se valía y no se valía, hace crisis por la intentona bajacaliforniana, y cómo a pesar de la polémica pasan las semanas sin que Bonilla renuncie a su pretensión y sin que López Obrador condene o descalifique la misma.
Pero no sólo no la condena o la descalifica, sino que AMLO invita a Bonilla, que no es gobernador constitucional ni nada, a su Informe en Palacio Nacional. Espaldarazo más claro, imposible. Bueno sí, es como cuando Peña Nieto invitaba a su compadre Juan Armando Hinojosa a sus eventos a pesar de la 'casa blanca'.
¿AMLO rectifica luego de que tantos publican que lo de Baja California es una barbaridad en términos democráticos? No. Ni ve ni escucha a quienes reclaman. Se concreta a hacer mutis y a abrirle Palacio Nacional a su amigo y correligionario.
Así fue lo de los ductos. Solucionó un problema que había creado su colaborador Bartlett. Y lo revistió de hazaña dialoguista. Pero de rectificación, nada de nada.