A inicios de la administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio motivos para la esperanza. Si el voto de julio de 2018 fue una demanda de cambio en las políticas públicas, que la agenda de los derechos humanos se privilegiara en Palacio Nacional marcó un precedente prometedor.
El compromiso por establecer una ruta para la búsqueda de los miles de desaparecidos, y además el establecimiento de una mesa especial para el caso particular de los estudiantes de Ayotzinapa, fueron signos de que el naciente gobierno se tomaba en serio la agenda de las víctimas.
Encima, para llevar a cabo tan compleja tarea López Obrador echó mano de uno de sus más cercanos colaboradores: Alejandro Encinas fue designado subsecretario de Gobernación para los temas de derechos humanos, población y migración.
Encinas cuenta con la experiencia para la labor que le han asignado. Pero podría darse un caso de que por más dedicación y empeño que este funcionario ponga al tema, la realidad lo rebase y él sea visto como una pieza más de un sistema incapaz de hacer valer el respeto a los derechos humanos.
Al llegar este fin de semana la fecha que marca la obligación del titular del Ejecutivo de rendir su Primer Informe de Gobierno, Encinas deberá ayudar a su jefe a explicar por qué en México, un año después del vuelco electoral, se sigue matando a activistas y periodistas, y sobre todo a exponer al país qué harán para detener esos ataques a las libertades y los derechos.
Porque en el tema de los derechos humanos no basta con una política de revisión del pasado y búsqueda de justicia para los casos de la realidad heredada. Mucho es lo que no se hizo en otras administraciones, cierto, pero también es descomunal el reto actual. En estos meses de gobierno ya va una decena de periodistas asesinados; y lo mismo se puede decir en el caso de los activistas, que son eliminados con pasmosa facilidad: con el homicidio de Nora López, la semana pasada en Chiapas; algunos recuentos cifran en 18 el número de asesinatos de esos defensores solo desde diciembre para acá.
Los activistas surgen en distintas regiones por la carencia de debida atención de las instancias gubernamentales a las comunidades, por la violación de los derechos de éstas, por una falta de justicia secular: se hacen necesarios en un contexto de debilidad democrática, donde muchas veces el Estado ha descuidado el beneficio colectivo por favorecer sólo los intereses del capital o de las agendas gubernamentales.
Las muertes de periodistas y defensores de derechos humanos son perpetradas por integrantes del crimen organizado, funcionarios gubernamentales de distintos órdenes, caciques locales y hasta empresas. La mezcla de todos los anteriores es sólo una de las variables más de las causas de la eliminación de activistas y reporteros.
Este gobierno no hará valer una agenda de derechos humanos sobre el pasado sin la vigencia de un Estado de derecho en el día a día. Y eso incluye que no haya titubeos como los que hemos atestiguado –este gobierno fue lerdo y nada contundente ante el asesinato del activista morelense Samir Flores en febrero pasado, caso que permanece en la impunidad, lo que manda el mensaje de que, independientemente del cambio de administración, en esas muertes la impunidad campea.
De forma tal que los muertos de Encinas se apilan mes con mes. La labor del funcionario por procurar justicia y verdad para temas del pasado no puede estar disociada de una agenda que le haga influir en prevenir y castigar los casos que se den en el presente. Que la lista de esos muertos no crezca es una obligación del Estado.
Y dejamos para otro día hablar de los retos de la chamba que le caerá a Encinas por la decisión de su jefe de militarizar la Guardia Nacional y por la de haber aceptado barrer bajo la alfombra del suelo mexicano a los migrantes de otras naciones que buscan llegar a Estados Unidos.