Tema tabú durante un siglo, nuestros partidos políticos están decididos a demostrar que fue un error abrir espacios para la reelección de legisladores.
El viejo sistema político supo hacer de la discrecionalidad un arte, el arte de abusar mientras simulaba cumplir con la ley. Así, teníamos elecciones pero no democracia. Largas décadas de los entonces decentes partidos de izquierda y derecha, y de ciudadanos e intelectuales, lograron que el PRI cediera, poco a poco y a regañadientes, el control arbitrario del poder. Ello se logró, en parte, haciendo reglas para que la competencia electoral tuviera el piso parejo.
Ahora, tras tres décadas de alternancias en gubernaturas y dos en la presidencia, tenemos que el experimento democrático está a punto de una franca regresión.
Los diputados federales aprobaron la semana pasada que aquellos que busquen reelegirse no tienen que renunciar a sus puestos; es decir, que no tienen que competir en condiciones igualitarias con las y los candidatas que busquen desplazarlos, pues los actuales legisladores tendrán sueldo y gastos pagados por la Cámara.
Dicho en otras palabras: en la primera ocasión en que las y los diputados podrán reelegirse, todos los partidos han acordado que se privilegie el estatus antes que la posibilidad del cambio.
Si estas reglas quedan en firme, pues falta conocer los lineamientos que sobre la reelección legislativa federal dé el Instituto Nacional Electoral el viernes, el reloj democrático habrá dado un retroceso de medio siglo. El PRI de antaño estaría orgulloso de su victoria cultural: ahora todos los partidos quieren recurrir al abuso para perpetuarse en sus respectivos cotos.
México vive un momento muy peculiar. En la presidencia de la República hay una persona que pretende no gobernar sino ejercer el poder para modificar de raíz la manera en que se tomaban las decisiones más importantes en este país.
Los supuestos propósitos de ese cambio estructural son vistos con buenos ojos por la mayoría, pero los modos de llevar a cabo tal modificación han encendido diversas alarmas. El Presidente no es afecto a negociar, ni recibe bien la crítica o el disenso. Y por varias decisiones inopinadas, su estilo ha ahuyentado la inversión y paralizado la economía.
Frente a esa manera de ejercer el poder, no sin argumentos a menudo los partidos de la oposición denuncian atropellos y desaciertos.
La dinámica democrática sentencia que debatir también sirve para que en unas nuevas elecciones el partido en el poder sea evaluado en su ejercicio, evaluación que se nutrirá de lo que la oposición haya hecho notar de cuanto el gobierno haya errado.
Y se suponía que la cita electoral del año entrante era especialmente crucial, dado lo mucho que hay en juego si se le renueva a un Presidente tan devastador un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, que desde 1997 había servido de contrapeso al Ejecutivo.
Pero en vez de estar a la altura de esa crítica circunstancia, los partidos de oposición parecen determinados a dilapidar el poco crédito que les queda. Al ir junto a Morena en el criterio de que los actuales legisladores se pueden reelegir desde la ventaja de la curul muestran su verdadero rostro: criticarán a Andrés Manuel López Obrador, pero son iguales al Presidente, pues recurrirán a toda ventaja posible para no arriesgar sus posiciones.
La reelección era una buena idea que se supone que premiaría a aquellos legisladores que hubieran hecho una buena labor. La condición para ello es que el ciudadano sea el único que decida quién permanece y quién se va. Los diputados tuvieron seis años para definir reglas parejas en una ley secundaria que nunca hicieron tras la reforma de 2014 en la materia. Hoy lanzan acuerdos sin fuerza de ley, pero que benefician el statu quo: es inmoral lo que hacen, y parecen demostrar que, un siglo después, nuestros partidos no están listos para la reelección.