En el capítulo México de la corrupción multinacional de Odebrecht hay noticias que perfilan más impunidad.
Los corruptores han recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quejarse de procedimientos, multas y sanciones impuestas por la autoridad, mientras algunos de los que podrían haber sido corrompidos parecen haber librado el castigo por prescripción de algunos delitos.
En tal escenario, los corruptores pretenden seguir en el negocio sin antes pagar por su conducta ilegal (confesada en una corte de Nueva York), y los presuntos corrompidos a otra cosa mariposa.
En medio, y para Ripley, algunos exfuncionarios mexicanos han tenido que lidiar con litigios promovidos por los corruptores de Odebrecht para demostrar que sí hicieron todo cuanto pudieron o debieron para castigar a aquellos que fueron corrompidos por ejecutivos de la empresa brasileña. Tales omisiones del gobierno mexicano habrían ocurrido al mismo tiempo que los corruptores se negaban a revelar más datos o pruebas de las identidades y las circunstancias en las que ellos habrían perpetrado los pagos ilegales.
De forma tal que tenemos a una empresa que a finales de 2016 reconoció haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares en México, pero que no cooperará con las autoridades de nuestro país si no es a cambio de impunidad… y de que se les permita seguir en el negocio.
Por eso han recurrido tanto a la CNDH como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar a las autoridades. Se quejan de que les imponen por partida doble una inhabilitación de dos años y medio y una multa por poco más de 543 millones de pesos. Los corruptores alegan que a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) se ha ejercido "una persecución para inhibir y evitar la iniciativa de esclarecimiento de las conductas confesadas por Odebrecht ante autoridades extranjeras, impidiendo a la compañía el libre ejercicio de sus actividades comerciales", según se lee en la denuncia presentada por la empresa brasileña ante la CNDH, y cuya primera noticia fue dada a conocer por Reforma en enero pasado.
Y la semana pasada, el mismo diario dio a conocer que algunos delitos del caso Odebrecht podrían haber prescrito, información que antecedió en un par de días a la solicitud de la empresa para que la SCJN atraiga su caso y se pronuncie sobre los fallos de jueces que han respaldado las sanciones impuestas por la Función Pública.
Los corruptores están dispuestos, como ya se ha publicado, a pagar una multa por su indebido proceder, mas, según ha trascendido, no quieren que ésta sea calculada sobre el monto de los negocios que tales coimas habrían posibilitado. De acuerdo con fuentes, lo que los brasileños pretenden es que sólo se les castigue con una cantidad que ronde dos o tres veces sólo el monto de sobornos reconocidos en el caso juzgado de manera dual en Estados Unidos y Brasil.
Pagar unas decenas de millones de dólares cuando, de acuerdo con expertos, México ha representado en tres sexenios 4 mil millones de dólares en negocios, monto que no toma en cuenta los 2 mil millones de dólares en ventas anuales de la planta Etileno XXI, donde es mayoritaria su filial Braskem.
Así que mientras que han sido días de agitación mediática luego de que la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, montara una campaña para que también sean llamados a declarar altos personajes del sexenio pasado, en lo que toca a Odebrecht la historia es bastante peculiar, por no decir mexicana: la empresa corruptora se pone en el papel de enjuiciar a funcionarios que la investigaron, mientras presuntos implicados en la corrupción la libran por el tiempo que ha transcurrido. Chido.