El terremoto del 19 de septiembre de 2017 es una tragedia sin explicación oficial, una catástrofe sin juicio a los responsables de las más graves de sus consecuencias y una lección no aprendida para la capital de la República.

Esto fue lo que dije ayer al presentar ¿Por qué se cayó mi edificio?, un conjunto de 28 reportajes realizados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Agregué que tenemos una gran deuda con aquellos que murieron en el sismo de hace doce meses, con los miles que perdieron su patrimonio o sufrieron diversas afectaciones, y con nosotros mismos: por parte de las distintas autoridades no se conocen a plenitud las causas de los daños, el origen de todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles donde murieron al menos 228 capitalinos, y no se ha sancionado a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, bien desde un puesto público o desde la gestión empresarial.

Esas son las conclusiones que se desprenden de las 28 investigaciones realizadas por MCCI y que comenzaron a publicarse desde ayer en miedificio.contralacorrupcion.mx .

Cada una de esas investigaciones periodísticas incluidas en ¿Por qué se cayó mi edificio? muestran uno o varios de los eslabones –palabra pertinentemente elegida por Daniel Lizárraga, cocoordinador del trabajo– que han formado esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad que hace más vulnerables a los ciudadanos. En todas las historias hay una explicación humana al desastre: en ninguna el origen de los daños es un misterio, o podría atribuirse a causa divina o natural.

Con documentación para cada uno de esos inmuebles y casos, se evidencia que, por años, las autoridades del gobierno del Distrito Federal, luego Ciudad de México, ignoraron a los vecinos que denunciaron inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985, pero que, de manera cosmética, se reconstruían para venderlos como nuevos. Los funcionarios fueron omisos ante la utilización de documentos falsos, o frente a la información que no correspondía a lo que en realidad se construía.

Por si fuera poco, los planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelo, manifestaciones de construcción no se encuentran en los archivos delegacionales o están incompletos. Cada uno de los capitalinos vive parado en un hoyo negro de desinformación con respecto a la seguridad del inmueble en que habitan, pues no hay manera, en la inmensa mayoría de los casos, de acceder de manera pronta y sencilla a la documentación que lleve a conocer cómo y con qué seguridad se construyó su casa, su edificio, su lugar de trabajo.

Y salvo honrosa excepción, las autoridades y empresarios enfrentaron las solicitudes de información con evasivas, opacidad y silencio.

La evidencia documental y testimonial que se expone en cada una de estas investigaciones obliga a reiterar que lo sismos no debieran ser vistos como fatalidades frente a las que hay poco por hacer. Todo lo contrario.

La historia del sismo del 19 de septiembre pudo ser otra: si las advertencias vecinales hubieran sido atendidas por empresarios y autoridades, hoy el recuento de la muerte y la devastación de esa fecha sería menor. Sin lugar a dudas.

Los sismos no tienen la culpa. La responsabilidad está en otra parte. Podemos y debemos aspirar a que un desastre de origen natural no sea tan calamitoso para los mexicanos. A que la corrupción y la impunidad no nos convierta a tanto que queremos, en ruinas; a tantos que queremos, en trágicos recuerdos.