La Auditoría Superior de la Federación anunció el viernes que daría reversa a su decisión de ocultar los nombres de personas físicas y morales que formen parte de una investigación. Esa medida supone una buena noticia para la ciudadanía, lo que es decir para la propia ASF y el gobierno en general.

Como se publicó en este y otros espacios, desde el miércoles pasado se denunció que a diferencia de otros años, la cuenta pública de la ASF correspondiente al ejercicio de 2017 carecía de detalles que permitieran identificar a todos los investigados por presuntas irregularidades.

El que la ASF haya decidido volver al formato original apuntala el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los dineros públicos. Asimismo, empodera a la sociedad al permitir que esta haga su propia tarea de observación, exigencia de más información y, en su caso, de denuncia. Y no sólo en temas donde se presuman desvíos o ilegalidades. Va un ejemplo.

La semana pasada, periodistas del portal Mexico.com dieron a conocer una estupenda investigación. Revelaron las diez asociaciones civiles (es un decir) que más donativos recibieron por parte del gobierno (es otro decir) de Enrique Peña Nieto. Entre las consentidas del ex pululan exfuncionarios y priistas. Qué raro, ¿verdad?

Así, la opinión pública supo que con más de 800 millones de pesos, la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes AC, ligada a Ricardo Salinas Pliego, fue la entidad que más donativos recibió. Y en segundo lugar aparece un grupo denominado Poder Cívico, AC, que es presidida por el excónsul de México en San Francisco, efímero embajador en la UNESCO y exfuncionario en tiempos de Zedillo. A esta asociación se le dieron, desde Conaculta-Secretaría de Cultura, 180 millones de pesos para realizar el evento conocido como La Ciudad de las Ideas.

Saúl Hernández, periodista de Mexico.com, documentó que de 2013 a 2018 el gobierno federal donó esos 180 millones de pesos para esa iniciativa de particulares, también ligada a TV Azteca. La entrada más barata a ese evento cuesta, en preventa, mil 500 pesos, misma que da derecho a escuchar las conferencias de tres días; la más cara 13 mil pesos.

Pero Hernández revela además que Poder Cívico reportó a Hacienda que, tan solo durante cuatro años (de 2014 a 2017), la AC ligada a Roemer obtuvo donativos por 382 millones de pesos, y de ellos hay 150 millones de pesos que provienen de entidades gubernamentales que no son la Secretaría de Cultura federal (en su momento el Conaculta).

¿Quiénes serán esas otras entidades que donan a Poder Cívico? Y sobre todo, por qué el gobierno federal, por un lado, y las otras desconocidas entidades públicas decidieron darle cientos de millones de pesos a la asociación de Roemer y no a otra. ¿Por qué gastarlo en eso y no en hospitales o universidades?

Como en estos tiempos perdimos la dimensión de los dineros, en uno de los reportes de Poder Cívico a Hacienda –conseguidos por Hernández–, Roemer señala que para el ejercicio fiscal de 2016, los gastos de operación del proyecto fueron de 94 millones 636 mil 992 pesos.

Poder Cívico, que no tiene personas asalariadas y que trabaja con voluntarios, tiene como actividad principal el evento La Ciudad de las Ideas. Entonces, demos por bueno que eso (casi cien millones de pesos) es lo que cuesta organizar La Ciudad de las Ideas en Puebla.

Bueno, con una cantidad más o menos similar, la Universidad de Guadalajara monta cada año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que convoca cada año a más de 800 mil personas. Por cierto, los donativos en el mismo periodo de Conaculta/Secretaría de Cultura a la UdeG para la FIL no son ni la vigésima parte de lo que la Federación le dio a Poder Cívico.

Al arribo de un nuevo titular en la presidencia de la República ha sobrevenido una avalancha de cambios. Andrés Manuel López Obrador ha prometido que su gobierno ya no dará dinero a organizaciones, que los apoyos se darán directamente a los beneficiarios. Ese volantazo podría generar algunos daños, como el que padecerán las madres beneficiarias de Estancias Infantiles.

También se quedarían sin dinero público entidades que ni siquiera sabíamos que tenían decenas de millones de pesos en 'donativos' gubernamentales.

Sería buenísimo que Poder Cívico informara quién más le dio dinero público, a cambio de qué, bajo qué proceso de negociación; que Roemer diera a conocer igualmente los entregables que justificaran esos montos, las facturas correspondientes, incluidos viáticos, etcétera.

Porque si se trata de defender que el gobierno siga una política de apoyos, una cosa es apoyar instancias que ayudan a madres trabajadoras, y otra venir a descubrir que como funcionario público (y después), Andrés Roemer gozaba de los favores de EPN.