Hace cosa de dos años, Daniel Moreno, director de Animal Político, y yo acudimos a una cita con Rosario Robles. El reportaje La Estafa Maestra estaba concluido y la entonces titular de la Sedatu rechazó una solicitud de entrevista de los autores de la investigación (Nayeli Roldán y Manu Ureste, de AP, y Miriam Castillo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad). Sin embargo, la secretaria pidió vernos –a Moreno y a mí– en un encuentro informal.
Ella propuso que la reunión se llevara a cabo en su casa. La funcionaria de Peña Nieto quería que viéramos que vivía en donde siempre y como siempre ha vivido. No aceptamos. El encuentro sería eminentemente laboral: insistiríamos en que diera su postura sobre el esquema de defraudación que varias dependencias –entre ellas la Sedesol de Robles– llevaron a cabo el sexenio pasado usando a universidades públicas.
Finalmente, en una sala de juntas de Sedatu nos recibieron una decena de funcionarios, entre ellos Emilio Zebadúa, de Oficialía Mayor, y gente de Desarrollo Social, en ese momento ya presidida por el mexiquense Luis Miranda.
Como lo ha hecho durante estos dos años, en esa reunión Rosario rechazó los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, de los que partió La Estafa Maestra.
Para defender su integridad ese mediodía, Rosario recurrió al veleidoso discurso que se le ha visto desde septiembre de 2017, cuando se publicaron los reportajes, hasta el jueves pasado, fecha en que compareció ante un juez. Ese discurso que brinca del "que me revisen", "vivo donde mismo" y "tengo nada en mis cuentas" al "que me demuestren que yo firmé algo".
En la reunión se negó de nueva cuenta a dar la entrevista que solicitábamos. Argumentó algo así como que, además de saberse inocente, no iba a dar categoría a las acusaciones, todas ellas, dijo, ya aclaradas a la ASF.
Para Rosario no valieron argumentos. No daba el menor de los créditos al hecho de que la ASF, primero, y el reportaje, después, denunciaron que no hay rastro de los entregables (productos y servicios) ni de varias empresas que, violando la ley, la Sedesol utilizó a través de universidades; contratos por más de 2 mil de millones de pesos.
Ahí están los entregables, nos llegó a decir en un momento señalando fotografías colgadas en la pared correspondientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Imágenes de ella con Peña Nieto en una gira.
Le dijimos que si al menos se daba cuenta de que, cuando el tema del reportaje se discutiera en la opinión pública, ella –exjefa de Gobierno del Distrito Federal, expresidenta nacional del PRD, es decir, una experimentada política– quedaría como alguien que, por increíble que suene, no se había dado cuenta de multimillonarios goles al erario ocurridos en sus programas estelares. Al dejar la pregunta sin responder, expuso que quien lleva la titularidad de una secretaría de Estado marca una pauta de los grandes objetivos a lograr, pero toca a otros estar al tanto de los contratos y la operación.
Mentiría si dijera que recuerdo que en esa ocasión Rosario utilizó el vestido blanco que hoy sabemos le gusta portar para recibir cuestionamientos. La verdad no reparé en tal detalle.
Salimos de esa reunión de poco más de una hora sin la entrevista pero con la convicción de que Robles desdeñaba a la Auditoría Superior de la Federación porque ella tenía otros datos, otros papeles, y, sobre todo, otros apoyos que le ayudarían a sortear las denuncias de la ASF y el reportaje. Porque, como tantos políticos, desprecia lo evidente: que pocos creerían que ella no había visto nada.
Horas más tarde recibí una llamada. El funcionario de la Sedesol de Luis Miranda que había estado en la reunión marcó para decirme que, habiendo reportado lo ocurrido en la junta, Desarrollo Social decidió que todo cuestionamiento sobre Estafa Maestra debería ser respondido en la nueva oficina de la funcionaria, en Sedatu.
A los pocos días se publicaron los reportajes donde se señalaba que al menos once dependencias habían utilizado un mecanismo de contratación con universidades donde se había violado la ley, y que se había traducido en faltantes por, inicialmente, 3 mil millones. La cifra ya supera los 5 mil millones.
Desde entonces, la defensa de Rosario ha sido consistente: vivo donde mismo etcétera… y busquen mi firma.
Una defensa cada vez más endeble, que reduce el papel del máximo funcionario de una dependencia no a un primer y máximo responsable de presupuesto, equipo y resultados, sino a un mero retrato detrás del escritorio. Y que en vez de asumir lo ocurrido bajo su mandato, se presenta como víctima de una inexistente vendetta, apela a quien sabe qué congruencia patrimonial (como si no supiera este país de paraísos fiscales, prestanombres y patrocinadores premiados) y apuesta a legaloides resquicios de sellos y membretes.
Para ese caso, yo que ella ante el juez mejor entonaría, cual Thalía, "pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó...". A ver si eso sí le creen.