Hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador la consistencia con que ha actuado este año. Mientras otros actores se han guardado, detenido o ralentizado su operación por la pandemia, él no ha desperdiciado momento alguno para avanzar su agenda, una que con la complicidad del segmento 'no radical' del gobierno terminará sepultando a México en un aislamiento internacional que costará años revertir. El fin de semana atestiguamos uno más de esos capítulos.
Cuando el Covid-19 comenzaba a golpear con dureza a nuestro país, el gobierno de AMLO aprovechó para dar un descontón a la industria de la energía limpia. En abril 29 el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) lanzó el llamado 'Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional', con motivo de la epidemia por el virus SARS-CoV2.
La jugada fue leída en Europa como un caballazo contra importantes inversiones de países de ese continente en nuestro país. Con fecha de 15 de mayo, embajadores de Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia, entre otros, enviaron una carta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, "para trasladarle nuestra profunda preocupación con respecto a recientes decisiones adoptadas en el sector de las energías renovables en México".
Los representantes de la Unión Europea recuerdan en la misiva que no eran nuevas las "inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las energías limpias en México frente a algunas decisiones gubernamentales que están afectando al sector, tales como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la Regulación de los Certificados de Energía Limpia". Y advertían que el acuerdo del Cenace, que suspendía indefinidamente la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitaba "la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas en operación amenaza (con) desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas".
Los diplomáticos detallaban que se "impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República, lo que pondrá en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6 mil 400 millones de dólares".
Eso fue hace cinco meses. Tan sólo en la semana pasada tuvimos nuevas muestras de que el Presidente no piensa transigir en su propósito de privilegiar, a toda costa, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos.
De gira en Coahuila, el sábado el Presidente dio unas declaraciones que llamaron la atención porque aseguró que las energías limpias son un sofisma. En efecto, llamó la atención que Andrés Manuel llamara sofisma a una preocupación global más que fundamentada. Pero en ese mismo evento, en una planta de CFE en Nava, Coahuila, dijo algo más, realmente trascendente: advirtió que si "los márgenes legales" no le permiten cumplir su intención de dar trato preferencial a la empresa dirigida por Manuel Bartlett y a Pemex, hará llegar al Congreso una iniciativa para regresar la ley a los tiempos de Carranza, Cárdenas y López Mateos.
En esa declaración podemos leer no sólo el anuncio –no es amenaza, pues es claro que este Presidente no hace amagos en vano, ya que dice las cosas que se propone hacer– de una reforma constitucional, sino la respuesta clara y sin titubeos a empresas europeas como Iberdrola, cuyos directivos el miércoles advirtieron que si no había seguridad para su inversión en nuestro país, se llevarán el dinero a otra parte.
Ni cartas como la de mayo ni advertencias como la Iberdrola provocan que el Presidente, en plena crisis económica, matice el discurso que desdeña las inversiones extranjeras en el sector energético, mucho menos un cambio de postura.
Ese derrotero tendrá consecuencias graves. A nadie le gusta perder dinero (quizá a AMLO sí, pero esa es otra historia), y los países europeos cobrarán la afrenta por medidas gubernamentales que mermarán a sus empresas.
La carta de los embajadores, que pedía una cita con Nahle aunque fuera por Zoom, pero que nunca se realizó, llevaba copia para Marcelo Ebrard, Graciela Márquez y Alfonso Romo, secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, y jefe de la Oficina de la Presidencia, respectivamente.
Cuando México termine sumido en una crisis energética por la incapacidad de CFE y Pemex para satisfacer las demandas nacionales, cuando encima enfrentemos los costos ambientales de haber sentado el futuro en el carbón y la refinación de mala calidad que tenemos, habrá que recordar que Ebrard, Márquez, Romo y Herrera, entre otros del ala 'no radical' del gobierno, no quisieron detener al Presidente en su obsesión de castigar las inversiones extranjeras, sino que compartieron el proyecto de aislar a nuestro país del mundo.