Con apenas un mes de diferencia, el activista Rodrigo González Barrios ha sufrido un segundo atentado. A inicios de diciembre, el nayarita escapó –junto con su hija y maniobrando su vehículo– a un intento de asesinato. Esta semana, de nueva cuenta, han pretendido matarle.
Todo esto ha ocurrido en Nayarit, donde González Barrios preside un grupo ciudadano llamado Comisión de la Verdad. Los autores intelectuales de estos atentados pretenden acallar a un activista que ha sido fundamental en la documentación de fraudes masivos a clientes del Infonavit, y en la presentación de denuncias por despojos de tierras orquestados, con la tolerancia del entonces gobernador (es un decir) Roberto Sandoval, por el narcofiscal Édgar Veytia.
En esta ocasión, según reportes periodísticos, González Barrios ha sobrevivido a casi una veintena de disparos.
La reiteración de los intentos de asesinato muestra que la corrupción y el narco, incrustados en aparatos gubernamentales durante los últimos sexenios en Nayarit, gozan de salud plena.
El exfiscal Veytia habrá sido detenido en Estados Unidos hace ya casi tres años (marzo de 2017), pero la justicia para sus víctimas no sólo se ve lejana, sino que el escenario que se está configurando es uno donde quienes se atrevieron a levantar la voz en contra de los abusos podrían recibir, más que reparación del daño, graves escarmientos.
Bien sea porque miembros del Poder Judicial buscan venganza, lastimados como están por las denuncias de González Barrios sobre los miles de despojados, con juicios amañados, de inmuebles del Infonavit, bien sea porque los policías que ayudaron a Veytia siguen activos y a las órdenes de los criminales, el tema es que ni las autoridades de Nayarit, pero sobre todo las de la federación, deberían dejar pasar esta nueva llamada de atención para brindar a González Barrios y su familia todo el apoyo necesario para salvaguardar su seguridad y el desempeño normal de sus actividades.
Más allá de que la impunidad no debiera imponerse como una cosa normal en nuestro país, situación que en México ha sucedido, hay coyunturas en las que un Estado es exigido a mostrar el máximo de sus capacidades.
Entre esas situaciones, que incluyen el procurar total justicia en eventuales magnicidios o atentados en contra de reporteros, la integridad de los activistas debe ser prioritaria para los distintos gobiernos y agencias del Estado, más aún si hablamos de algunos que resulta obvio que son altamente incómodos para los criminales, como es el caso de González Barrios.
México necesita un mensaje claro. Ese mensaje es que en casos de alto impacto no habrá impunidad (Bavispe), y que aquellos que pretenden imponer silencio a ciudadanos que enfrentan a los criminales no lograrán de ninguna manera su objetivo.
La prensa ha reportado la impunidad con la que actuó Veytia durante varios años ante la cómplice pasividad del exmandatio Roberto Sandoval.
Ha sido precisamente gracias a la valentía de víctimas y activistas que se ha empezado a conocer la delincuencia que operaba desde la más alta esfera del mal llamado gobierno de Sandoval.
Terminado ese sexenio, es preciso que el nuevo gobierno estatal dé las garantías de que la justicia llegará a las víctimas y que no se permitirá ningún mártir más de ese periodo oscuro.
Ha sonado una segunda llamada para autoridades y sociedad. No puede haber tercera oportunidad para los criminales. Que los ciudadanos constaten que el Estado es el que impone las condiciones y no los delincuentes, es lo único que permitirá abrigar la esperanza de que haya más denuncias y más mexicanos dispuestos a creer en las instituciones, así sea asumiendo riesgos.