El título de lo que aquí escribo parece ser la lógica que anima al presidente López Obrador. Por desgracia se trata de algo jurídicamente imposible y, peor aún, de una idea equivocada de democracia y de un desconocimiento grave y preocupante del significado y trascendencia de la norma en la rectoría del Estado.
Hay quienes piensan que sí conoce las leyes, pero que sencillamente no le interesa cumplir con aquellas que se oponen a su voluntarioso plan político. Eso sería mucho peor.
Democracia y ley son elementos consustanciales del Estado: La realización y vida de la democracia es principio y fin. La ley es el instrumento que rige su andar. Sin ley, no hay democracia, aunque se lleven a cabo dinámicas que la simulan, como el ridículo cuestionamiento del presidente a un puñado de acarreados, quienes respondieron a mano alzada, como si estuvieran en un programa de Chabelo, cuestiones que competen resolver a las autoridades con base en procedimientos establecidos en la ley. Aquí nada, el presidente juega al demócrata y pregunta como si se tratara de una canción en una fiesta: ¿cuál quieren? Y con esa simpleza para una obra pública interestatal aprobada legalmente, echada a andar hace cinco años, que ha costado millones al erario; pero a Andrés Manuel no le parece adecuada. ¿Hubo algún procedimiento administrativo previsto en ley para detener la obra? ¿Alguna resolución judicial?
Me recuerda con escalofríos al "exprópiese" de Hugo Chávez, que caminaba con el pueblo y sólo de ver propiedades que le parecían suntuosas ordenaba su expropiación para entregarlas a los pobres. La instrucción se cumplía después por sus subordinados y el trámite legal era una mera formalidad.
La democracia entraña la voluntad del pueblo, para eso existe. Pero como no podemos estar de acuerdo 120 millones de personas, se instituyó un sistema aprobado por todos que establece normas que nadie puede vulnerar, especialmente la autoridad. De hecho en eso consiste el principio de legalidad: en que la autoridad no puede dejar de hacer lo que está previsto en la ley; no puede hacer nada contrario a ella y sólo puede hacer lo que en ella se establece.
La democracia obedece a la voluntad de la mayoría, sí, pero sólo en donde la propia mayoría lo estableció: en la Constitución. Sólo debe expresarse en las votaciones, y los electos cumplir con el catálogo de obligaciones previsto para su cumplimiento. López Obrador se sale de ese guión en nombre de una democracia ilegal.
El ejercicio a mano alzada que llevó a cabo para frenar en medio minuto la construcción del Metrobús, que uniría la zona conurbada de Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, y Torreón y Matamoros, en Coahuila, es un buen ejemplo de la tergiversación de las nociones de democracia y ley del presidente de la República: alrededor de tres mil personas asistieron al mitin, y al margen de que es difícil pensar que no eran acarreados, el tabasqueño se siente un gran demócrata por consultar decisiones al pueblo a tan pocos, sin importar que la obra se puso en marcha con base en facultades de las autoridades de ambos estados y de la Federación. Además falla en su premisa, pues serán más de un millón y medio de ciudadanos afectados, quienes se desplazan a diario entre ambas entidades. Al presidente no le importa eso, y con un muy profesional y serio "para medirle el agua a los camotes, levanten la mano los que consideren que no hace falta el Metrobús", echó para abajo una obra de infraestructura. Eso, no es ser demócrata.
En cambio nada dice de habernos convertido en la policía migratoria de Trump, quien, hay que decirlo, nos ganó la negociación y nos convirtió en un doble muro viviente: en el sureste, con el despliegue de la tan anunciada Guardia Nacional, que en vez de combatir el gravísimo problema de inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico que nos aqueja, hace las veces de pared para los migrantes de Centroamérica, que créase o no, tienen peores condiciones que nuestros pobres. La otra pared es en el norte, directamente con el vecino, impidiendo desde México que los nuestros o los otros crucen el río Bravo.
Le hacemos la tarea al cruel hijo, nieto, esposo y divorciado de inmigrantes, que consiguió con amenazas económicas convertirnos en su policía xenófoba y represora, mientras se descuida la principal tarea del Estado: garantizar la seguridad de sus habitantes. Podría el presidente López Obrador hacer una encuesta a mano alzada para ver si usted o yo nos sentimos seguros en la calle o cuando salen nuestros hijos. ¿Levantaría usted la mano? ¿Nos haría caso?