Opinión Salvador Nava Gomar

El combate a la corrupción, responsabilidad de todos

El concepto de corrupción, que algunos se limitan a entender como el pago de sobornos, cada día abarca un espectro más amplio de temáticas.

El pasado miércoles DPTA, despacho que actualmente dirijo, anunció una alianza estratégica con la prestigiosa firma multinacional Deloitte, con la finalidad de sumar capacidades y esfuerzos para el perfeccionamiento de los servicios de compliance anticorrupción que ofrecemos a las empresas. Ello responde, esencialmente, a una coincidencia ideológica elemental que une a ambos despachos, consistente en que todos los integrantes de la sociedad mexicana –y no solo las autoridades, como de manera frívola suelen responder algunos para esquivar su papel en esta lucha– somos corresponsables de señalar, enfrentar y derrotar el lastre que representa la corrupción para nuestro país.

Lo anterior, en el marco del foro 'Transparencia para combatir la corrupción', organizado por ambas instituciones, en el que tuvimos el honor de contar con la presencia de buenos amigos e invitados de lujo para exponer sus principales reflexiones sobre la estrategia nacional de combate a la corrupción y el papel que juegan los empresarios en esa lucha frente a más de 200 empresarios, directores jurídicos y jefes de oficina de cumplimiento.

Comenzó el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, actual presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien hizo una brillante exposición basada en hechos históricos para demostrar que el sector público no puede caminar con el nivel de calidad deseado y que el sector privado es su espejo, pues es una relación milenaria que se ha caracterizado por la complacencia, el intercambio de beneficios indebidos y las confluencias que tienden a generar escenarios propicios para la ejecución de actos de corrupción.

Por ello, concluyó que al margen de los esfuerzos de las instituciones públicas para evitar ese tipo de prácticas, el compliance es un antiséptico urgente, indispensable y en nuestros tiempos legalmente exigible que el empresario debe tomar por prevención y que amerita una inversión seria que demuestre un auténtico compromiso por erradicar las prácticas corruptas al interior de una organización. De ahí que la empresa deba reinventarse en términos del cumplimiento normativo anticorrupción.

Enseguida tuvimos una mesa de discusión en la que participamos Sofía Ramírez Aguilar, directora general adjunta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana; José Alfredo Cortina Tagle, socio de Deloitte especializado en Investigación Forense, y un servidor, en la que, con base en la experiencia comparada, se habló de cómo los escándalos de corrupción eventualmente salen a la luz, como puede verse con los famosos casos Walmart, Odebrecht, Panama Papers y Volkswagen, entre otros, por lo que el mayor costo que deben pagar las empresas que no cuentan con programas efectivos de combate a la corrupción no es el económico, sin minimizar las multas significativas y cada vez más fuertes que se imponen por violaciones en la materia, sino el reputacional. Sobre todo, en la era de las redes sociales.

Adicionalmente se hicieron una serie de consideraciones interesantes en torno a cómo el concepto de corrupción, que algunos se limitan a entender como el pago de sobornos, cada día abarca un espectro más amplio de temáticas. Por ejemplo, conductas como el hostigamiento o el acoso sexual, en la medida en que existen esquemas estructurales tanto en el sector público o como en el sector privado que condicionan, en los hechos, el desarrollo profesional de la mujer.

Finalmente, cerramos con broche de oro con la conferencia impartida por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, querido amigo y paladín de los esfuerzos de combate a la corrupción en nuestro país. Recalcó que, desde su perspectiva, una de las principales razones que justificaron el triunfo del presidente López Obrador en 2018, además de su carisma incuestionable, fue el hartazgo de la sociedad mexicana frente a los excesos de la administración saliente en temas de corrupción y despilfarro.

Al respecto, señaló que desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno una de las prioridades ha sido sin lugar a duda el combate a la corrupción. Habló de la necesidad de incorporar normativamente la Unidad que encabeza al Sistema Nacional Anticorrupción; señaló cifras alentadoras relacionadas con el incremento significativo de sentencias condenatorias por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción; hizo énfasis en la importancia de eficientar los mecanismos de recuperación de los recursos del Estado, y explicó que los esquemas delictivos son cada vez más sofisticados, por lo que se requiere redoblar esfuerzos y asignar mayor presupuesto a las autoridades competentes.

Seamos francos: a pesar de todas las maravillas que México puede ofrecer al mundo, empezando por la calidez incomparable de su gente, nuestra riqueza histórica y cultural, centenas de destinos turísticos inigualables y miles de cosas más, cada día resulta menos atractivo vivir en nuestro país –ya no se diga vacacionar, emprender o invertir en él–. Existen un sinfín de razones que confluyen para ello: inseguridad, impunidad, polarización de la riqueza, desempleo, mala calidad de la educación son solo algunas que vienen rápidamente a mi mente. Sin afán de ser simplista, pues se trata de una realidad que con seguridad sólo puede explicarse desde un enfoque multifactorial, no me cabe la menor duda que la corrupción está en el centro de cada una de esas razones.

Para ello no es suficiente estar conscientes de la magnitud del gigante a combatir. La corrupción tiene efectos corrosivos que han permeado en cada rincón de lo público y lo privado, lo que torna estériles los discursos pomposos y plagados de buenas intenciones. Por las dimensiones del problema, sería iluso esperar resultados milagrosos si no nos sumamos todos a esa lucha. Desde julio de 2017, las empresas –y los empresarios– están obligadas por ley a desarrollar un programa de integridad que abarque acciones concretas y contundentes para ello. Vivimos en un entorno de impunidad en el que corresponde a la sociedad civil romper con la inercia.

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