El juicio sobre el juicio
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El juicio sobre el juicio

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El juicio sobre el juicio

04/03/2019
Actualización 04/03/2019 - 14:33

Hay quienes juzgan primero que los jueces. Incluso en primeras planas, analistas y opinólogos sentenciaron un proyecto que al parecer fue filtrado, en el que, según afirman, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, ponente del asunto, propone dar la razón al Partido Encuentro Social (PES), que reclama a su vez la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitarle el registro como partido político.

Con afirmaciones especulativas (por no conocer el proyecto de sentencia, al menos oficialmente) se formó un juicio paralelo con consideraciones más políticas que jurídicas: achacan el supuesto proyecto a la injerencia del gobierno del presidente López Obrador y concretamente a su consejero jurídico, Julio Scherer, y señalan al Tribunal como entregado a la nueva mayoría dominante.

No me detengo ahora en el sentido del proyecto –pues no puede evaluarse hasta que se lea–, sino en la feroz crítica que oscila en el desconocimiento de lo que se critica. Me preocupa. Fui juzgador en ese alto tribunal por diez años y encontré muchas críticas infundadas a mi labor y a la de mis compañeros. No hablo de la infalibilidad de los jueces y mucho menos de la mía; sino de razones y argumentos, la construcción lógica jurídica y la orientación de principios constitucionales que construyen una decisión judicial (al margen de su sentido); pues puede o no estarse de acuerdo con alguna resolución, pero la crítica sin fundamento daña a la sociedad y a sus instituciones.

Tampoco me refiero a la libertad de expresión ni a la importancia de la opinión pública. Creo en ellas como clave básica de la democracia y los derechos que tutela y desarrolla. Celebro la crítica, también me parece esencial en una democracia plural y deliberativa; pero rechazo el eco sin fundamento.

Leí, escuché y vi infinidad de críticas estrafalarias a sentencias de las que fui autor, acompañé con mis votos o rechacé con mi disidencia. También me topé en diversas con especulaciones sobre el sentido anticipado de mis votaciones en temas en los que ni siquiera había estudiado y mucho menos discutido con mi equipo o compañeros. Hubo también reclamos como estela de ciertas plumas que me achacaban conductas ajenas a lo razonado en una sentencia.

Juzgar es un acto ingrato. Al menos la mitad de quienes acuden a juicio no están de acuerdo con lo que se resuelve. Cuando se juzga asuntos políticos la problemática crece pues se mira desde los intereses de los partidos. El mismo dirigente partidista que aplaudió nuestras resoluciones criticaba semanas después otra resolución que le era adversa. El ciclo se repitió muchas veces. Es parte de nuestra incultura democrática.

Eso entreveo de las críticas al proyecto que dicen se filtró. Leo también posturas maniqueas. Todo a nada; blanco o negro; el PES no merece su registro; De la Mata se entregó; el Tribunal se acabó. Pamplinas todas. Ni siquiera se ha discutido el asunto y oficialmente no hay nada.

Pienso en la crítica fácil frente a la multiplicidad de opciones interpretativas ante un caso similar, pues si bien es cierto que el Partido Encuentro Social no alcanzó el 3.0 por ciento de la votación requerida para obtener el registro como partido político nacional y en consecuencia el INE declaró la pérdida de su registro; es verdad que dadas nuestras peculiares normas electorales, esa votación le permitió obtener 56 diputados federales, ocho senadores de mayoría relativa, 63 diputados, conformó 19 grupos parlamentarios y la gubernatura del estado de Morelos.

Es la primera ocasión en que un partido que no alcanza el porcentaje de votación exigido obtiene más del 3.0 por ciento de representación en las cámaras legislativas por triunfos de mayoría relativa.

Lo aplicado por el INE es correcto, pero no la única salida; la democracia es mucho más amplia, se conforma con derechos y se cristaliza con la representación. Me vienen a la cabeza preguntas que supongo animan el proyecto del magistrado de la Mata: ¿Qué representación pesa más para el ciudadano, la que suma sus votos o la que llevan a cabo los representantes que acceden al cargo para el que fueron votados? ¿Qué no la encarnación de la República democrática y representativa la tienen los representantes en funciones? ¿No parece absurdo que un partido que no exista, tenga 59 diputados y que esos diputados no formen un grupo parlamentario? ¿De verdad parece descabellado la postura que permitiría ese vínculo entre los legisladores y sus representados?

Supongo que el proyecto plantea una interpretación a partir del reconocimiento de valores y principios constitucionales para armonizarlas con la realidad y el dilema único que se presenta (no recuerdo un caso así) ¿Qué no el porcentaje exigido para permanecer como partido, es un parámetro que fue rebasado por la representación actual de los legisladores de Encuentro Social? ¿De verdad los jueces son ventrílocuos de la ley? ¿Y los intereses en conflicto? ¿Y las normas constitucionales que propugnan por la democracia? Al menos me parece que en ambas posturas pueden coexistir dosis importantes de razón. El derecho no tiene una regla para medir, es una balanza para ponderar; los principios informan, no condicionan; los valores permean y las normas procuran conjuntarlos con armonía; cuando ello no sucede, es el juez quien señala el camino.

Si hacemos una regla de tres, el PES tiene más del 11 por ciento de representación ¿Eso pesa menos que el 3.0 por ciento que no alcanzó en la votación? ¿Hoy que no hay proceso electoral, importará al ciudadano? ¿No es una opción representativa real para sus afines? ¿O les dirán que sus representantes no tienen grupo parlamentario por las cuentas que se hicieron al contar los votos? ¿Preferimos que los diputados del PES se unan a la bancada de otro partido o será más sano para la democracia el contrapeso que pueden hacer por sí mismos? ¿Si los legisladores electos por el PES pretendieran reelegirse lo harían por otro partido a pesar de las directrices constitucionales? ¿Qué no el principal contrapeso democrático lo conforman las minorías parlamentarias? ¿No saben que en otros países democráticos el parámetro para obtener el registro se da con cierto número de curules (menos que los que tiene el PES)? Todo ello se contrapone con la regla prevista y aplicada, pero, al menos para mí, no se presenta con claridad una solución tajante, como la que usan en sus críticas quienes atacan sin haber leído el proyecto.

¿Cuál es la razón para no permitir que subsista un partido que no obtuvo el 3 por ciento de votación? Supongo que es en parte porque no cuenta con representantes; pero en este caso el PES tiene más que otros partidos que sí lograron el registro ¿No será hora de cambiar las fórmulas de integración de órganos de representación nacional para equiparar representantes con la ciudadanía? ¿O preferimos la métrica rígida sin propósito? ¿Un partido con esa representación no es una opción política válida para la ciudadanía? Hombre, pareciera que el magistrado De la Mata y sus colegas tienen mucho que pensar, deliberar, argumentar y decidir.

Preguntaría: ¿La Constitución prohíbe otro tipo de acceso a la representación? ¿La sobrevivencia del PES afectaría el equilibrio de nuestra democracia representativa?

Ahora resulta que los inquisidores también saben de interpretación constitucional y la consideran muy fácil; pareciera que los dos doctorados del magistrado De la Mata son cosa menor, y que su propuesta para resolver un asunto no previsto en la Constitución (un partido que con menos del 3.0 por ciento de votación cuenta con más del 11 por ciento de representantes) es sólo politiquería.

Me gustaría que algunos estudiaran tan sólo un asunto con la profundidad que los jueces constitucionales resuelven decenas de miles. Lo que dicen que dice el proyecto de De la Mata ofrece otros mecanismos para solucionar el acceso a la representación política, y para ello quieren llamar a Torquemada.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.