A Omar García Harfuch, quien con su equipo me salvó.
El presidente se anunció como guardián de las elecciones. Viola la división de poderes y el principio de equidad por incidir en los comicios. Su sola declaración atenta contra el sistema que tantos años nos ha costado. Su cultura democrático-electoral es escasa y contradictoria: no acepta los resultados que le son adversos; toma pozos y avenidas; organiza consultas fuera de la ley (aeropuerto y cervecera Constelletion Brands) y por si fuera poco, en Morena no han podido culminar su elección interna.
Vale la pena un esbozo del sistema electoral mexicano, a manera de recordatorio institucional, para confrontar con claridad la desafortunada declaración presidencial:
El marco electoral es un sistema complejo compuesto por el Instituto Nacional Electoral, organismo constitucional autónomo; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última autoridad en la materia; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Fiscalía General de la República.
El INE es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado principalmente de organizar las elecciones. El Consejo General es su máximo órgano de dirección, integrado por 11 consejeros electorales, los consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos y el secretario ejecutivo.
Además se encarga de administrar los tiempos que le corresponden al Estado en radio y TV, ajusta la geografía electoral, organiza y mantiene el Registro Federal de Electores y entrega y vigila el uso de los recursos que corresponden a los partidos.
El TEPJF es un órgano cúpula (junto con la Corte y el Consejo de la Judicatura) y especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Resuelve las impugnaciones a las elecciones de presidente, gobernadores, diputados federales y senadores. Además, es responsable de efectuar el cómputo final de la elección presidencial, calificar su legalidad y declarar al presidente electo. Se integra por seis salas regionales y una superior, compuesta por siete magistrados.
La FEPADE es la autoridad penal en la materia y lo encabeza el fiscal especial.
Esto es, el INE es la autoridad administrativa que organiza y desarrolla el proceso electoral; el TEPJF es el juez constitucional encargado de revisar la legalidad y constitucionalidad de las autoridades y los partidos políticos antes, durante y después del proceso electoral; y la FEPADE persigue, investiga y previene los delitos electorales, como el fraude o la compra de votos.
La equidad, legalidad y transparencia de las elecciones descansa en la autonomía e imparcialidad de las autoridades electorales. La coordinación entre ellas garantiza la 'despartidocratización' de sus decisiones y la auténtica defensa de la democracia.
Su autonomía es una evolución del sistema manipulador que manejaba el gobierno predemocrático. Incluso se llegó al absurdo de considerar a las autoridades electorales como 'ciudadanas', en necesaria contraposición de cualquier participación gubernamental; cosa que ignoró el anuncio del tabasqueño.
La autonomía e imparcialidad de las autoridades electorales es imprescindible para la celebración de elecciones libres y auténticas. Atacarlas es una deslealtad a la democracia que permitió el nacimiento de su partido, el ascenso a la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión.
La imparcialidad en las elecciones no sólo es responsabilidad de las autoridades. Corresponde también a los funcionarios de gobierno, en especial al presidente de la República, quien de acuerdo con la Constitución tiene la obligación de observar dicho principio en todo momento.
El Ejecutivo federal tiene un peso preponderante en nuestra historia y diseño orgánico e institucional. Dispone de poder de mando para la disposición de recursos financieros, materiales y humanos de la totalidad de la administración pública. Es imprescindible que actúe de manera imparcial, pues su influencia puede ser determinante en el electorado.
Todos los mecanismos del sistema electoral procuran que los electores ejerzan el derecho de voto en forma libre y con base en una adecuada reflexión política. De hecho la conferencia mañanera, por sí sola, pareciera que atenta contra la equidad en la contienda; pero ya lo dirán las autoridades competentes en su momento. Por lo pronto apelemos a la prudencia democrática que en forma de silencio deben guardar las personas de Estado.