Morena dio a un conocer un documento firmado por 56 diputados y 17 senadores en el que declararon su inconformidad con la supuesta "intromisión arbitraria" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la vida interna de su partido, en contravención al principio de autoorganización partidista contemplado en la Constitución general.
El pronunciamiento derivó del incumplimiento de una sentencia en la que la Sala Superior ordenó a Morena renovar su dirigencia nacional a más tardar el 31 de agosto de este año, antes del inicio del proceso electoral federal (la dirigencia nacional de Morena debió renovarse desde noviembre 2019, lo cual fue imposible gracias a pugnas internas y conflictos en torno a las irregularidades del padrón de afiliados).
Al respecto, el senador Martí Batres anunció que prepararán una iniciativa en la que se proponga la reforma al artículo 99 de la Constitución Federal a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda atraer casos electorales 'graves' para restaurar el orden constitucional, es decir, activar la revisión de expedientes competencia del TEPJF, antes de su resolución, en los siguientes casos: cuando ello revista interés por su relevancia; tenga como fin el aseguramiento del respeto al voto público; exista peligro de vulneración de los derechos políticos electorales de la ciudadanía o; exista peligro de contravención de la autodeterminación de los partidos políticos.
De acuerdo con la propuesta de los legisladores, la intromisión del Tribunal Electoral en los asuntos de los partidos políticos vulnera indebidamente su libertad de organización y autodeterminación; por tanto, dado que sus resoluciones son inatacables, proponen que la SCJN atraiga asuntos de manera excepcional, como el de la renovación de dirigencias de Morena, en su carácter de 'tribunal constitucional' –una especie de órgano límite–, para evitar que el TEPJF actúe de manera arbitraria e impida "la construcción de un régimen democrático pleno".
Durante la conferencia de prensa, los senadores de Morena hicieron referencia a "decisiones cuestionables" del TEPJF que evidencian supuestas redes de complicidades, como las sentencias que resolvieron las impugnaciones de los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las que, a su juicio, no se apegaron a otros precedentes en los que, por las mismas razones, se anularon elecciones.
La reforma afectaría seriamente la independencia y autonomía del TEPJF, y con ello prácticamente se anularía la función esencial encomendada a la jurisdicción electoral, lo que sería un retroceso en la lenta construcción democrática del país, lograda a través del fortalecimiento de las instituciones.
Entre los casos que no comentaron, dejaron de lado el asunto del fideicomiso que hizo Morena y el entonces candidato López Obrador que violaba a todas luces la ley y que el tribunal les perdonó. Tampoco toman en cuenta el trabajo hecho en el pasado proceso electoral federal donde arrasaron.
Es curioso que propongan que alguien controle al controlador tratándose de violación a derechos político electorales y autoorganización partidista, cuando todo deriva, no lo pasemos por alto, del incumplimiento de Morena de sus propias normas para renovarse y de la múltiple violación de derechos políticos electorales a sus militantes. Lo que sucede es que no les gustan las reglas electorales, como lo ha demostrado el gobierno en las pifias de consultas ilegales para parar el aeropuerto o la cervecera Constelletion Brands.
El aparato electoral mexicano ha sido producto de aproximaciones sucesivas que han costado mucho trabajo. Se tienen órganos de excelencia que se construyeron de a poco y que son referentes globales. Minar su autonomía, la definitividad de sus resoluciones o enredar más el entramado institucional porque no se toleran controles, es un grave retroceso.
La democracia que no es asegurada jurídicamente no es efectiva. Un demócrata que no reconozca al árbitro no merece jugar ese juego. Querer todo el control, todo el poder, y restar potestades a quien puede reglarlos es consustancial a la vocación totalitaria.
México tiene a un tribunal constitucional para las cuestiones electorales, es el último seguro de nuestra democracia. Quitarle dientes porque lastima al infractor es mandar al diablo a las instituciones.
Que los patos no tiren a las escopetas, por más balas que se crean.