Hechos, acciones y reformas recientes han generado desconcierto, críticas férreas y zozobra en caudales que apuntan al Ejecutivo federal. Claro, la incultura presidencialista ha caracterizado nuestra historia y el presidente López Obrador abusa de la comunicación directa, lo que acentúa medidas equivocadas o extremas. Los terribles hechos de Culiacán, las versiones encontradas por la liberación de 27 detenidos en Tepito o la reforma fiscal-penal, enervan a una parte importante de la población.
Hay muchos puntos cuestionables y erróneos, sí; pero debo decir que estuve en una exposición del fiscal Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que impresionó a quienes asistimos, mostró el tamaño del problema que enfrentamos y nos tranquilizó por el conocimiento y dominio institucional y personal del funcionario, respecto del terrible asunto delincuencial y de corrupción en México.
Un grupo de egresados del IPADE, principalmente importantes empresarios, invitamos a desayunar al fiscal preocupados por las medidas que parecen amenazar a la libre empresa, específicamente, la reforma penal-fiscal recién aprobada, dados los siguientes cambios en la legislación:
1. Aumento de sanciones (dos a nueve años de prisión) por la compra o venta de facturas falsas, al que compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas, situación de alto riesgo, pues son comunes las operaciones comerciales en que, pasado el tiempo, la contraparte resultó ser una empresa fantasma. 2. Sanciones para quienes ofrezcan facturas falsas, positivo desde luego. 3. Destitución o inhabilitación de servidores públicos cuando realicen estos delitos. 4. La delicada equiparación de defraudación fiscal (por más de siete millones 804 mil 230 pesos) a delincuencia organizada, pues diferendos con la autoridad pueden considerarse fraude cuando en realidad no hay esa intención del contribuyente. 5. Igualmente se equipara la compraventa de facturas falsas con delincuencia organizada, operaciones que también pueden ser desconocidas por el contribuyente. 6. Serán amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, exageración sin precedente. 7. Prisión preventiva para quienes incurran en cualquiera de los puntos apuntados, la imposibilidad de acuerdos reparatorios ni la suspensión condicional del procedimiento; más la responsabilidad de las personas morales que, como en los casos de corrupción, responsabilizan y sancionan directamente a accionistas y dueños de las sociedades.
La equiparación con la delincuencia organizada da lugar a prisión sin fianza y también a la extinción de dominio de los bienes de los contribuyentes sujetos a proceso. Estas medidas son excesivas y desproporcionales, pues se dará al contribuyente el mismo tratamiento que a quienes cometen delitos como trata de personas, secuestro o narcotráfico.
Por ejemplo, serán recluidos en prisiones de máxima seguridad, las personas que atestigüen en su contra serán considerados testigos protegidos; la delincuencia organizada incluye penas mínimas de 20 años y máximas de 40; opera la reversión de la carga de la prueba; se podrán utilizar agentes infiltrados; habrá técnicas de investigación extremadamente invasivas, como intervención de comunicaciones, cuentas bancarias y seguimiento de personas.
Pues bien, el Dr. Nieto nos explicó la dimensión del problema de lavado de dinero que enfrenta México por el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y órganos, el exceso de uso de efectivo, la precaria eficacia del sistema penal que no logra condenas a los delincuentes ni a políticos, líderes sindicales y empresarios corruptos, como Emilio Lozoya (vimos la cadena de dispersión empresarial, personal y familiar de sus pillerías) o Romero Deschamps, y bajo esta perspectiva nos explicó que las medidas adoptadas persiguen ese tipo de actividades, no a personas decentes que cumplan con sus obligaciones.
Claro, alertó que hay que acreditar la materialidad de las relaciones fiscales y comerciales para el supuesto de que uno se encuentre con una contraparte que actúe al margen de la ley; y si bien ello nos obliga a estar más alertas, también nos tranquilizó ver las medidas específicas y bien encausadas para abatir a la delincuencia. Tan sólo en lo que va del año, la UIF ha bloqueado más de cinco mil millones de pesos, contra sólo 17 en 2018.
La UIF y Hacienda no van contra los empresarios, están combatiendo los terribles males que nos aquejan.