Estamos los mexicanos en medio de en una vorágine de violencia terrible, con 177 mil asesinatos en este periodo del obradorato, miles de desaparecidos y la inseguridad a todo lo que da en todo el territorio nacional, y por si eso no fuera suficiente, ahora estamos iniciando la temporada político-electoral; aún y que los procesos locales propiamente no han iniciado y estamos en esa etapa que eufemísticamente la autoridad electoral le denomina “intercampañas”, ya van cinco asesinatos de actores políticos que públicamente se sabe ya habían levantado la mano para participar en sus respectivas entidades y/o municipios como candidatos a un cargo de elección popular.
Son sin duda asesinatos políticos, que en una democracia constitucional debería ya de ser un gran escándalo y con consecuencias mínimas de investigación, y en su caso de responsabilidad para quien o quienes resulten responsables de ello, pero hasta donde se sabe no haya un nada, y lo más grave y casi seguro es que nada pasará. Hacemos esta afirmación porque en los últimos procesos electorales concurrentes los antecedentes no son positivos y vaya que hay una gran cantidad de casos terribles.
En las elecciones del 2018, la empresa de estudios de riesgos Etellekt reportó que 152 actores políticos y 371 servidores públicos fueron asesinados, un total de 523; de los 152 políticos asesinados, 48 de ellos eran en su momento precandidatos y candidatos, y agregó el informe que, además, mil 29 políticos desistieron de ser aspirantes a competir por un cargo de elección popular por amenazas directas sobre sus personas. Por lo que respecta a las elecciones intermedias de este sexenio, es decir, las del año 2021, la misma empresa Etellekt señaló que 89 políticos fueron asesinados y que de ellos, 35 eran aspirantes a un cargo de elección popular. Ya en estas últimas elecciones se consideró en su momento que de los 300 distritos federales, 40 eran ubicados con “focos rojos”, y ahora para las presentes elecciones (2024), que por cierto será la mayor de la historia, la autoridad electoral ya considera que son 20 distritos federales con condiciones complejas para la integración de casillas, y algunos medios de comunicación con trabajos de investigación de campo consideran que en 21 entidades federativas hay riesgos palpables. Se puede considerar que son territorios electorales de riesgo o en foco rojo, si en estos espacios geográficos se han registrado recientemente asesinatos, secuestros, enfrentamientos entre bandas criminales o si han o existen enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad de cualquiera de los niveles de gobierno.
Sabemos que las amenazas a la democracia no solo provienen de las acciones de López Obrador en sus ataques a los órganos constitucionales autónomos, o en la destrucción de instituciones y programas como lo ha hecho en los últimos cinco años; o en sus deseos expresos de cooptación del INE, en sus ataques a la libertad de expresión y de comunicadores con nombre y apellido, o en su desprecio por la ley, y en el uso de recursos públicos para actos de propaganda que el propio Tribunal Electoral ha señalado, entre otros actos, sino que la otra gran amenaza a la democracia es la que constituyen los grupos criminales con sus acciones de violencia y la persecución de sus intereses, y que como se ha relatado aquí arriba, las últimas dos lecciones federales concurrentes han mostrado que la libre participación tanto de actores políticos como de los ciudadanos han estado coartadas por amenazas o por el asesinato para impedir que sus intereses se vean afectados, por tanto, si las condiciones de violencia e inseguridad en el país se han incrementado, nada hace pensar que será diferente ahora, sino al contrario, que se pueden rebasar los antecedentes anotados.
Las condiciones que se viven en México de prácticamente un Estado fallido, que se manifiestan en la pérdida del control territorial frente a los criminales, o el cobro de ‘derecho de piso’ por parte de estos a los ciudadanos para la realización de sus actividades económicas, amén de la participación abierta de los grupos criminales imponiendo candidatos, o impidiendo que otros participen o incluso en la movilización electoral, como también ya hay antecedentes, no auguran como antes se decía ‘una fiesta cívica’, sino que en la disputa por poder ahora no solo participan los partidos políticos o los movimientos sociales o los grupos fácticos legales, sino además que el crimen organizado disputa no solo ‘plazas’ y negocios criminales sino ahora el poder político formal, pero con sus instrumentos de violencia y criminalidad, y a eso es justo a lo que ahora, con el proceso electoral más grande de la historia, estamos por ingresar y es la nueva violencia que viene. La demagogia y la propaganda tradiciones de las campañas serán ahora ingredientes secundarios en un entorno de violencia política que sobredeterminará la lucha por el poder. La democracia tiene un nuevo enemigo real aparte del populismo autocrático.