Prácticamente desde el inicio de nuestra independencia, brincado el episodio del ‘imperio’ de Agustín de Iturbide, los mexicanos comenzamos la edificación del Estado mexicano con las bases de una Constitución, la de 1824, que teniendo sin duda el modelo de la estadounidense, contenía como pilar fundamental la separación de poderes y estos deberían de ser no solo contrapesos del Poder Ejecutivo, sino también mantener una esfera colaborativa. Nacía la República Mexicana, representativa, popular y federal.
Creo oportuno hacer memoria (lo que puede permitir de manera apretada un espacio tan pequeño como lo es esta colaboración) de cómo se fue construyendo la República para dimensionar el golpe que el obradorato le ha dado con la llamada ‘reforma judicial’, y no solo poner en agonía a una forma de gobierno como es la democracia, sino cómo en estos últimos seis años se ha buscado y ahora se está a punto de demoler la República misma.
Las luchas entre liberales y conservadores que caracterizaron el histórico siglo XIX mexicano fueron no solo una lucha por el poder, sino luchas ideológicas y visiones muy estructuradas de cómo edificar una nación libre, independiente, con desarrollo y buscando mantener la unidad territorial, que como sabemos, al final no se logró con la pérdida de una gran parte del territorio nacional, pero también fue una lucha de cómo ubicarse en los cambios que de manera global se estaban dando con las crisis del absolutismo en Europa y todo lo significativo que venía a ser en el mundo, el surgimiento de la democracia en los Estados Unidos de América como una nueva forma de gobierno que retomaba antecedentes de gobierno de la antigüedad y sobre todo de la experiencia de Roma y su República.
El ejercicio gubernamental del presidente Porfirio Díaz fue no solo de desarrollo en la infraestructura de comunicaciones, nacimiento de la industria, crecimiento urbano y estabilidad política, entre otros, sino que la estructura orgánica del Estado mexicano también se fue edificando con institucionalidad, y se gobernó con la Constitución de 1857, aunque en la práctica, los poderes Legislativo y Judicial fueron subsumidos por la recia personalidad y mano dura de Díaz para instaurar en la práctica una dictadura, con ausencia de libertades y edificando un muro que impedía también el cambio generacional en las élites del poder gubernamental, que originó la explosión social y que devino en la Revolución mexicana. El producto político, jurídico, aspiracional y síntesis de los intereses triunfadores fue la Constitución de 1917. Pero esta Constitución mantuvo como columna central, cual capitel del edificio del Estado mexicano, la separación de poderes.
Ahora, el nuevo Estado mexicano resultado de la Revolución, y sobre todo su sistema político, tenía de manera formal no solo el respeto a la Constitución, sino que como instrumento para la disciplina y encauzamiento político, y no a balazos, de las diferencias políticas de los caudillos revolucionarios con la crisis provocada tras el asesinato de Álvaro Obregón.
El genio político de Plutarco Elías Calles creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), abuelo del PRI. Y fue el partido, en este régimen naciente autoritario, quien impulsó el desarrollo industrial y urbano del país, que a su vez produjo el surgimiento de nuevos actores sociales, y paradójicamente, producto de estas transformaciones del país, el partido hegemónico que llegó a ser el PRI, con el tiempo y nacimiento de partidos opositores llegó a ser solo un partido mayoritario, para así conformar un nuevo sistema de partidos, que con la corrupción y el desgaste propio del gobierno de tantas décadas, erosionó la legitimidad del PRI, obligando a un largo proceso de liberalización política iniciado en diciembre de 1977 y que culminó con la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000.
Pero en la llamada transición democrática, el fortalecimiento de la sociedad y los partidos mantuvieron el espíritu y el respeto de la herencia de la Constitución y el respeto a la República. El diálogo permanente entre las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo (Congreso) obtuvieron acuerdos de consenso para avanzar en la construcción de un Estado más fuerte con organismos autónomos y edificando una democracia constitucional. La ‘venta’ que la clase política hizo de la democracia no solo como una forma de gobierno, sino también como ‘un sistema de vida’, levantó amplias expectativas en el pueblo y en el discurso de la partidocracia para impulsar una forma de modernización que implicara el combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales. Los modestos índices de crecimiento económico no permitieron en los años de la transición democrática acabar con la pobreza ni la desigualdad y en contraparte, los casos abundantes de corrupción e impunidad de la clase política fueron anidando un resentimiento social que posibilitó tener un campo propicio para la narrativa populista que logró el triunfo electoral en 2018.
El populismo del obradorato, con su llegada al poder, inició un proceso de demolición del edificio constitucional y democrático bajo la consigna de que “no me vengan con que la ley es la ley” y a partir de eso, no solo se realizó una estrategia de polarización, sino de ataque frontal al Poder Judicial y a las disidencias que ha culminado con la mal llamada ‘reforma judicial’, que lo que busca es la terminación de la separación de poderes y terminar de erosionar la democracia constitucional. La perorata obradorista de que “ahora el pueblo es el que elegirá a los ministros y jueces”, con un partido hegemónico en el poder Legislativo como es ya Morena, el control del Ejecutivo y ahora el camino libre para controlar el Poder Judicial, ha terminado un periodo histórico, aunque de maltrecha democracia, pero democracia constitucional al fin, y de la República. La autocracia es lo que ahora definirá nuestra vida política y forma de gobierno. Terrible y paradójico en el llamado ‘mes de la patria’.