El triunfo del populismo en el 2018, como lo hemos dicho en este espacio de manera reiterada, fue el resultado del alejamiento que la partidocracia tuvo con los sectores de la sociedad que decía representar y de sus intereses, fue también la cartelización de los partidos que los desdibujó ideológicamente y los fue homogeneizando en sus programas y sus intereses; fue el hartazgo social con la corrupción y la impunidad de la clase política y su contubernio con las élites económicas; fue también por la gran preocupación de los ciudadanos, y de las familias, por el aumento de la violencia e inseguridad, así como por la creciente pobreza y desigualdad social, derivado de un crecimiento económico mediocre, que en promedio, era en los últimos años del 2 por ciento y una ausencia de política distributiva de la riqueza generada. Y sin duda fue también en contraparte por la construcción de una narrativa simplona, por el líder que se asumía como la encarnación única de la representación del pueblo, una narrativa demagógica que prometía resolver toda esta problemática, pero sobre todo explotando el resentimiento social, escarbando en las raíces del discurso nacionalista y creando un enemigo político y quien se asumiera en este proyecto populista, estaría destinado a ser un protagonista de una gesta histórica.
A la asunción del populismo al poder, este mantuvo y exacerbó el discurso de la polarización, mientras la oposición partidaria naufragaba en los saldos de lo que había sido su derrota sin hacer nunca una autocrítica de su paso por el poder, y además, ser incapaces de entender la verdadera tragedia que se estaba dando en la democracia mexicana y como consecuencia de ello, no construir una estrategia para contener el avance populista y atajar la destrucción institucional que se estaba haciendo. Los grandes dueños del capital, como siempre se acomodaron a los intereses de López Obrador y aprovecharon la opacidad que dan las adjudicaciones directas que, sin duda, tratan de camuflar la corrupción para no solo mantener sus ganancias y privilegios sino acrecentarlos de manera escandalosa, producto justo de estas prácticas corruptas del “gobierno obradorista”.
El desprecio por la ley que llevaba a su violación o al no estricto cumplimiento, hizo que la consigna de que “no me vengan con que la ley es la ley” se manifestara abiertamente durante todo el sexenio en diversas acciones, pero de manera puntual durante el proceso electoral, en donde de manera reiterada el presidente violará la ley, que al final, dado la complicidad de las autoridades electorales quedó impune.
Hoy al final del sexenio, los saldos negativos para el país y la sociedad, en su conjunto, están a la vista, aunque muchos o la mayoría ni cuenta se den, por el poder de la propaganda o por intereses particulares. Pero hoy, al finalizar el primer periodo del obradorato, las causas por las que el populismo ganó en 2018, y que el discurso obradorista dijo que solucionaría, no solo no es así sino que se han agudizado, por ejemplo, la economía que venía creciendo en promedio sexenal al 2 por ciento, hoy con el obradorato solo será de 0.8 por ciento; la violencia se ha recrudecido para dejar un saldo de 200 mil asesinatos y miles de desaparecidos y desplazados en los últimos seis años, amén de transparentar la colusión y complicidad abierta del gobierno y los gobiernos locales con el crimen organizado, y dejando además una militarización que trastoca no solo la parte orgánica del Estado mexicano, sino empoderando peligrosamente un poder como es el militar. La destrucción del seguro popular y el fracaso absoluto del INSABI que llevó, incluso, a su desaparición en este mismo periodo, así como la manera en que fue manejada la pandemia del COVID-19, y la negligencia de la práctica de atención a miles de mexicanos contagiados y la manera de buscar esconder las cifras de las muertes, que la comisión independiente señaló que 808 mil 619 mexicanos murieron en exceso justo por esas malas prácticas y decisiones médicas, adquieren una categoría criminal, que aún no está cerrado el caso para ver si en un futuro los responsables son castigados.
La desaparición de múltiples fondos y fideicomisos no solo dejó desamparados a los beneficiarios de los programas que esas dependencias realizaban, sino que la opacidad del manejo del dinero que manejaban es una evidencia más de la manera personal de cómo se manejó la administración pública y los recursos, pero también pueden ser ejemplo de la manera de tapar la corrupción y el desorden del gasto público a destinar a las obras o programas de interés personal de López Obrador. No solo no alcanzaron, por lo que se ve, esos recursos derivados de dichos fondos que llevaron a endeudarse y con ello, aumentar la fragilidad de las finanzas públicas en las que dejan a la próxima presidenta. Las obras en las que se obsesionó López Obrador no solo las deja sin terminar, sino que además rebasaron hasta por tres los costos iniciales con una absoluta opacidad y empañadas todas de corrupción. El caso de Pemex, después de tantos recursos públicos inyectados, no solo se mantiene improductiva, sino que es la petrolera más endeudada del mundo, con más de 100 mil millones de dólares. ¿Recuerdan, cuando en 2019, dijo que “gobernar no tiene ciencia”? Hoy las finanzas públicas crujen y están con una gran debilidad, resultado de la manera de dilapidar los recursos públicos (muchos con fines estrictamente políticos de ganar clientelas) y si la economía no crece, que permita obtener recursos por los impuestos a la renta, solo optó López Obrador por endeudarse.
Los ataques a medios de comunicación y periodistas nos hablan del talante autoritario de López Obrador, pero también la forma velada de coartar la libertad de expresión y una manera peligrosa de poner en riesgo la vida de los periodistas en un contexto donde el ejercicio periodístico es de alto riesgo, como en México. Quien señalaba que “la mejor política exterior era la política interna”, definitivamente reflejó que el desastre interno lo exponía a nivel internacional, los pleitos con jefes de Estado y de Gobierno durante todo el sexenio retratan a un gobierno que nunca entendió el lugar que México tenía hasta 2018. El ataque frontal contra el Poder Judicial se debe a que era el dique que frenaba los excesos violatorios a la ley o a la Constitución, y que con el triunfo electoral de la mayoría en el Congreso en las elecciones de junio pasado, estimularon la radicalización no solo verbal sino legal para instaurar la autocracia como forma de gobierno, al tener ya con la aprobación de la reforma judicial, la concentración real de los tres poderes del Estado en una sola persona.
Hoy, la República y el régimen democrático al que los constituyentes de 1917 aspiraron, que los mexicanos tratamos desde fines de la década de los años 70 instaurar a través de una larga liberalización política y construcción de instituciones y reglas democráticas, no existe más, un autócrata ha triunfado en su afán de la destrucción de la democracia constitucional, y evidencia, además, la ausencia de una oposición partidaria y de ciudadanos. Ahora el reto de los demócratas es cómo sobrevivir a la autocracia y cómo generar las condiciones de regeneración democrática en la sociedad para un futuro.