La caída en 39 por ciento de los empleos en el primer semestre del año en relación al mismo periodo del año pasado nos debe de preocupar a todos los mexicanos. Con la sola cifra de que 14 mil 244 trabajadores dejaron de percibir ingresos por su empleo formal es terrible, pero si a ello le añadimos que al haber perdido su trabajo y ya no cotizar en el IMSS y dejarán de tener seguridad social ellos y sus familiares, es aún más grave porque mientras logren conseguir otro empleo formal, y en el caso de que requieran servicio médico o dejen de recibir este si ya tenían un tratamiento, el tiempo que no sean trabajadores formales no contarán con un seguro médico, además porque este gobierno ha cancelado la opción que los trabajadores no formales (es decir los que no cuentan con ningún tipo de seguridad social) tenían en el Seguro Popular.
El IMSS es la institución más amplia en cobertura de seguridad social en nuestro país, más de 80 millones de mexicanos son beneficiarios incluyendo lo que antes eran los beneficiarios del programa IMSS-PROSPERA, que por cierto es otro de los programas desaparecidos por este gobierno y estos beneficiarios de PROSPERA están aún en el limbo.
Con el solo número de mexicanos que dependen de un seguro médico (la seguridad social que otorga un empleo formal no solo es el seguro médico), es claro que las finanzas del IMSS están directamente relacionadas con la dinámica económica, por lo que los anuncios de las calificadoras, organismos financieros nacionales e internacionales, el Banco de México y la propia Secretaria de Hacienda dan del estado del crecimiento económico es MUY grave para esta institución. Los datos que arrojan las mediciones del PIB mexicano son además de preocupantes desalentadoras día a día, por las continuas acciones y dichos del Ejecutivo federal de no solo no dar certeza jurídica, sino de no dar elementos que indiquen una reactivación económica; la caída de la inversión pública y privada, y el retraso en la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México son otros de los factores que deben de hacernos reflexionar de que no vamos por el camino correcto, y estos resultados económicos son los que en el terreno de las finanzas impacta directo al IMSS.
La crisis económica en 1995, derivada de 'el error de diciembre de 1994', que orilló a varias empresas a hacer ajustes o definitivamente a la quiebra es el ejemplo más reciente para observar nítidamente cómo de manera directa la caída en la economía impactó directo en el IMSS, tanto que llevó a realizar una reestructuración total con una nueva ley, misma que está vigente desde el primero de julio de 1997, así como a un nuevo sistema de pensiones para salvar justo al IMSS no solo con un sentido de responsabilidad con sus verdaderos dueños, los trabajadores, sino para mantener también en un tema muy sensible: la gobernabilidad y la estabilidad social en el país.
Ahora, con un horizonte económico crítico por la errática política gubernamental, los pasivos laborales, las crisis en el surtimiento de los medicamentos etcétera, etcétera, hay que recordar que las reservas financieras creadas en 2001 son exclusivamente para garantizar gastos médicos, pago de seguros de invalidez, vida, riesgos de trabajo, de jubilación y cesantía y no para gastos derivados de asegurados que no pertenecen a la planta productiva, sino que son becarios del gobierno federal, no se debe de presionar las finanzas, insisto, más en un momento en que la economía no crece y el porvenir inmediato no se vislumbra positivo. Hay que cuidar al IMSS no solo por los derechohabientes sino porque el no tenerlo perturbará la gobernanza, y el horno no está para bollos.
El IMSS que nació por decreto presidencial en 1943 del Presidente Manuel Ávila Camacho, pero que inició sus operaciones el primero de enero de 1944 ha estado íntimamente ligado al desarrollo económico de país, pero también a las luchas por sus derechos de los trabajadores y sus organizaciones desde las primeros conquistas laborales a principios del siglo XX y con las primeras leyes en materia de seguridad social como lo fueron las del Estado de México y Nuevo León (1903 y 1906), pero sobre todo en lo que logró plasmarse en el artículo 123 en la Constitución de 1917 que fue la base para su fundación por Ávila Camacho.
Cuidar a la principal institución de seguridad social que tenemos es obligado para todos aunque no seamos beneficiarios de sus servicios; es porque en un momento crítico como el que se vive en México, este es justo un pilar de la estabilidad social.