Estos días vivimos como humanidad retos inéditos. En la pandemia, uno de los mayores desafíos es cómo mantener la calma ante tanta incertidumbre, el encierro en casa y el ruido en las plataformas sociales. En estas últimas, mucha gente se presenta como 'experta', otros toman ventaja de la situación y se comporta mezquinamente. Mientras, en la realidad, muchos buscan la supervivencia económica, desde la individual hasta la empresarial.
El balance para lograr el justo medio entre el ruido y los retos reales ante esta crisis no es nada fácil, y por eso es fundamental buscar el bien mayor sobre el bien menor.
Así las cosas, ahora y aun terminada la epidemia, estaremos ante retos económicos enormes. Quizás, serán desafíos no vistos en muchas décadas tanto nacionalmente como en el ámbito internacional. Entonces, la prioridad mayor del gobierno deberá ser cómo atender este estancamiento. Requerimos medidas que apoyen a los más vulnerables y al mismo tiempo promuevan la industria o, mejor dicho, a los empleadores.
Por ello, el factor de la confianza y la facilidad burocrática para la creación de nuevas empresas será fundamental para quienes buscan crear fuentes de trabajo.
Ante esto me llama la atención el que se haya realizado una consulta en Baja California para el tema de la continuación en la construcción de una planta cervecera, cuya conclusión estaba cerca. Primero, me parece poco afortunado realizar el ejercicio durante los tiempos de la pandemia. En segundo lugar, es esencial sustentar legalmente este tipo de mecanismos democráticos mediante la legislación local o federal sobre consultas populares. Por otra parte, entiendo que el tema del derecho al agua se encuentra consagrado en el artículo cuarto de la Constitución; sin embargo, por la importancia de la decisión y del ejercicio de consulta es imperativo que se tenga un respaldo procedimental como el de las leyes de participación locales o la consulta establecida en la Constitución.
Soy de la idea de que el agua debe tener un uso primordial de consumo personal y humano, y, en segundo lugar, para satisfacer las necesidades industriales. Escuché en campaña el reclamo de la sociedad de Baja California, sin embargo, la cabeza de Conagua, la Dra. Jiménez Cisneros, dijo claramente que el abasto de agua estaba garantizado, en sus palabras:
"Según estudios técnicos, el abasto para consumo doméstico en el municipio de Mexicali se encuentra asegurado hasta 2050. Descarté que se viole el derecho humano al #agua con el acueducto Ejido Villahermosa-Mexicali, pues dicha obra no está autorizada".
La participación en la consulta fue más o menos de 37 mil votantes de un listado nominal de 776 mil, es decir menos de 5 por ciento. El voto por el no fue de 3.6 por ciento, es decir menos de 4 por ciento. Esto podría ser una 'encuesta' con representatividad dudosa, pues habría que ver la validación por estratos de edad y zonas geográficas para darle validez estadística, de lo contrario, no la tiene.
Creo que, dada la crisis de la pandemia, el país requiere de confianza y de incentivar la inversión para posibles fuentes de trabajo. La pérdida de confianza de parte de un sector como posible generador de empleos es grave. La línea delgada entre cuándo se aplicará una consulta apegada a la ley y cuándo una más parecida a una encuesta no vinculante, es aún más frágil, y puede socavar el Estado de derecho. El riesgo es convertir estos ejercicios en los derechos de unos contra los derechos de otros.
A veces, parece que ganando se pierde y hoy con la participación de la sociedad en Mexicali todo parece indicar que se consideró primordialmente el derecho humano al H2O sobre el respeto al derecho ya adquirido por los otros.
¿Bien mayor contra bien menor? Un balance bastante complicado.