Durante el presente sexenio, estamos viendo materializarse las grandes reformas que en materia de educación, telecomunicaciones, financiera, fiscal, electoral y energética se han llevado a cabo. Mismas que hace tan sólo unos años se veían muy distantes, casi imposibles de alcanzar. Situación que sin duda será, al menos en el largo plazo, en beneficio de nuestro país. Con ellas, nos habremos movido hacia la construcción de un México moderno y más competitivo.
Sin embargo, es muy importante cuidar el qué pasará en el corto y mediano plazo en estos sectores, en lo que se logran desdoblar los nuevos ordenamientos requeridos para la correcta ejecución de las reformas.
Sí bien estas reformas y sus leyes secundarias tienen por objetivo, en su mayoría, el fomento de la inversión y de la competencia dentro de un marco de seguridad jurídica; se han identificado algunos puntos destacables y otros de preocupación en materia de electricidad, y su posible afectación al desarrollo de proyectos de generación de energías renovables.
Las iniciativas de Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Industria Eléctrica; tienen por destacable: i) Que establece a la CFE como una Empresa Productiva del Estado (EPE). Este nuevo híbrido mitad empresa, mitad gobierno; que libera de regímenes fiscales especiales, pero obliga al pago de dividendos al Estado. ii) Que define a los Usuarios como Básicos y Calificados.
Los Básicos seguirán siendo proveídos de energía por la CFE bajo tarifas reguladas. iii) La creación del Mercado Eléctrico (MEM); donde sólo los Usuarios Calificados podrán participar en la compra de energía a precios "spot" o mediante contratos de largo plazo. iv) Que definen a los Generadores y Comercializadores; como piezas claves del MEM. Esto implica que habrá generadores distintos a CFE, que podrán verter energía a la red eléctrica nacional, para ser mercadeada bajo la administración del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) por los Comercializadores (tanto CFE como terceros). v) Que crean los Derechos Financieros de Transmisión (DFT) como títulos ejecutivos. Pareciera que se trata de un derecho adquirido, comercializable, que permitirá el uso de la Red Eléctrica Nacional para transmitir la energía mercadeada en el MEM. Y, vi) Que crean los Certificados de Emisiones Contaminantes y de Energías Limpias (CEL), que también podrán ser comercializados en el MEM.
Como se puede observar, la norma aparentemente logra cumplir el objetivo de incentivar la competencia en el mercado eléctrico, abriendo las puertas a la inversión privada y obteniendo para los usuarios calificados los mejores precios que el mercado pueda ofrecer.
Sin embargo, es de preocupar: i) Que para ser un usuario calificado, se deben consumir 5MW promedio por punto de carga. Es decir, de los casi 38 millones de usuarios de la CFE, sólo alrededor de 500 (los de las tarifas más bajas) podrán ser usuarios calificados, tan sólo el 0.002 por ciento del total y, en términos de energía, alrededor de 5 por ciento, en el mejor de los casos. El alto umbral de 5 MW y la no permisibilidad de acumulación de cargas, dejan prácticamente sin compradores al MEM y sin tarifas atractivas para los generadores y comercializadores. ii) Las leyes secundarias establecen que entran en vigor al día siguiente de su publicación, dejando sin efecto el marco regulatorio anterior, pero dándole dos años a la CFE, CRE y CENACE para afrontar sus nuevas responsabilidades. Esto genera el temor del posible congelamiento del sector (inversiones y desarrollo) en ese periodo de transición. iii) Que el CENACE dará preferencia en el despacho en el MEM a las energías más económicas, sin considerar externalidades. Cuando la experiencia de otros mercados marca que las Energías Renovables deberían siempre tener preferencia en el despacho. iv) Que desaparece el Porteo de Energía Preferencial para las Energías Renovables y ahora participarán con las demás energías sucias en la adquisición de los DFT. No sabemos si los CEL logren cubrir el incentivo perdido. v) Que desaparece el Banco de Energía. Esto genera un problema importante para el financiamiento de las energías intermitentes como lo son las Energía Renovables.
Pareciera entonces que, de no ajustarse el texto legal, el desarrollo al corto y mediano plazo de las energías renovables, quedará en manos del Estado bajo la modalidad de subastas. Considero, estamos ante una oportunidad legislativa para adecuar las normas al espíritu de la reforma y así incentivar el desarrollo de las energías renovables y con ello el combate al cambio climático.
En conclusión, las energías renovables están en el presente y en el futuro de México. En el legislador está el qué tanto, y qué tan rápido, queremos dejar de depender de la generación a base de hidrocarburos y tomar ventaja de nuestros recursos naturales para la generación de energías renovables.
*Profesor de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Anáhuac.
Correo: benigno.villarreal@anahuac.mx
Twitter: @Benny_V_dR
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