El peligroso tufo de la revancha flota en el ambiente de la política mexicana, con el riesgo que eso conlleva.
Cerramos la semana con señales claras de cuán arraigada está la antipolítica de la venganza en el país. Cuauhtémoc Blanco amenaza con "hacer pagar" a Graco Ramírez y Marcelo Ebrard, traicionado por Miguel Ángel Mancera hace ya casi un sexenio, vuelve a la escena política nacional, con claras deudas que cobrarle a su pupilo tras varios años en el exilio.
Del primero, es evidente que quiere tomar desquite contra el grupo gobernante en Morelos, con el que ha mantenido una abierta guerra desde hace ya tres años bordeando -y a veces entrando de lleno- en la violencia. Algo podrido se fragua en tierras morelenses y Ramírez, queda claro, hará lo imposible y quizá hasta lo ilegal para evitar que el ex futbolista llegue al poder, ante el peligro casi mortal que le representa. Un triunfo del Cuau sería catastrófico para el clan de Graco.
¿Queda alguna duda de que, si Cuauhtémoc es electo gobernador, tratará de aplastar al gobernador?
De Ebrard, el ánimo con el que vuelve a la Ciudad de México es todavía una incógnita. ¿Viene con el cuchillo entre los dientes? ¿Perdonó las injurias? Hasta ahora, en las entrevistas que ha concedido se ha cuidado de revelar sus intenciones. Pero tras el maltrato recibido y luego de haber sido pisoteado y humillado por Mancera y Héctor Serrano, es de esperarse que quiera saldar pendientes con sus ex protegidos, los mismos que le dieron la espalda y le hicieron pedazos con el escándalo en torno a la Línea 12 del Metro. La venganza es un plato que se sirve frío.
De lo que no hay duda es que en los palacios de gobierno de Morelos y la Ciudad de México no deben estar cayendo nada bien las señales que comienzan a acumularse contra sus respectivos titulares y gabinetes. Debe respirarse un aire de tensión de arriba abajo, porque si algo hemos aprendido en función de la moda de enviar a ex gobernantes a la cárcel es que las venganzas no solo se concentran en los titulares del ejecutivo, sino se extienden a sus subalternos, desde tesoreros hasta secretarios. Nadie es inmune a la hora de las vendettas que dominan la política nacional.
Y al menos hoy, el escenario no pinta bien para los gobernantes de la capital y Morelos. En ambas entidades, el PRD se halla debajo en las encuestas y sondeos informales frente a Morena. Es decir, Graco y Mancera deberán encarar el proceso electoral del 2018 con enemigos decantados que tienen altas probabilidades de victoria y que, peor aún, tendrán el doble incentivo de ajustar cuentas para satisfacerse a sí mismos y a sus electorados, ávidos de sacrificios.
Para colmo, los propios procesos internos del PRD y el PAN en el Frente les han dejado muy vulnerables. No alcanzaron fuero para el próximo sexenio, descartados como están por ley para ocupar una curul plurinominal. Y ahora, viene la angustia: el tiempo se les acaba. Para los dos ya corre el cruel reloj que marca el final del mandato y el poder. A Mancera le quedan 306 días en el cargo. A Graco, 241. Ambos, políticos que lograron controlar por completo sus respectivas entidades, comienzan a debilitarse, aunque aún tengan cartas que jugar.
Y en efecto, las tienen. No están atados de manos y seguramente harán uso de todo el aparato de gobierno para inclinar la balanza hacia sus candidatos. Ambos son animales políticos consumados y tienen operadores eficaces (ahí está el caso de Serrano, cuyas artes oscuras serán muy socorridas en las semanas venideras). Nada está escrito en piedra aún.
Pero la realidad del poder es que en este momento en que sus mandatos entran en la recta final, los dos se ven vulnerables ante la posibilidad de una venganza transexenal. Y eso lleva a una conclusión ineludible: ambos van a jugarse el pellejo en estas elecciones.
Y no es una ocurrencia: es una realidad matemática.
En caso de que sus candidatos --Alejandra Barrales y Rodrigo Gayosso-- no ganen y dejen el paso abierto a Blanco y Claudia Sheinbaum, Mancera y Graco tienen como mínimo un 70 por ciento de probabilidades de enfrentar una vendetta judicial. Al menos, eso nos dice el antecedente inmediato
II
Podríamos llamarles números de la venganza. Son las cifras que sustentan por qué a un ex gobernante le suele ir mal cuando termina su mandato.
Para ver qué tanto se juegan Graco y Mancera y entender por qué la matemática está en su contra, vale analizar lo que ha pasado en los últimos seis años. En buena parte de los estados en donde se han registrado transiciones de un partido a otro, el nuevo gobernador o gobernadora casi nunca se ha resistido a proceder legalmente contra quien le dejó la silla. Genera muchos aplausos.
Ahí están los casos de Tabasco, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Durango, Nayarit y Oaxaca. En todos esos estados, hubo cambio de partido en el poder. Y hoy, el ex gobernador o está en la cárcel, o se halla bajo fuego legal, gastando carretadas de dinero en abogados y amparos para evitar la detención. Muchos de los integrantes de sus gabinetes o están en fuga, o amparados o ya han sido detenidos.
En lo que va del sexenio, 12 estados han cambiado de manos, pasando de un partido a otro. Que la transición sea tersa es solo la excepción y no la regla: en 8 estados, el ex gobernador ha ido a parar a la cárcel o está sometido a proceso.
Para muestra, un breve recuento: Arturo Nuñez encarceló a Andrés Granier en Tabasco. En Sonora, Claudia Pavlovich ayudó a sustentar el caso que tiene Guillermo Padrés aun en prisión. Jaime Rodríguez ha sido una pesadilla para Rodrigo Medina en Nuevo León, aunque éste último haya logrado defenderse a un enorme costo personal. En Chihuahua, Javier Corral afila los cuchillos para cuando César Duarte caiga. En Quintana Roo, Carlos Joaquín ha llevado a Roberto Borge y Mauricio Góngora a la cárcel. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes aplastó a Javier Duarte y Flavino Ríos.
Eso, sin dejar de lado los procesos en curso en Tamaulipas, Nayarit, Durango y ahora, Oaxaca, en donde Gabino Cué enfrenta acusaciones de millonarios desvíos en el congreso local.
Es decir, en 7 de cada 10 casos el ex gobernante debe enfrentar una ofensiva judicial. Si a esa estadística se suman las animadversiones personales, no hace falta adelantarse mucho para entender que Graco y Mancera, literalmente, están arriesgando el todo por el todo.
En un país en donde enviar a ex gobernadores tras las rejas se ha vuelto una moda políticamente lucrativa, pueden enfrentar un martirio judicial que en el peor de los casos tiene dos desenlaces: el exilio, si les va bien. O las rejas.
Y de las declaraciones de la semana, es de entenderse que Blanco y Ebrard no serán amables con sus enemigos.
"Va a pagar quien tenga que pagar", amenazó Blanco, cuando le preguntaron en un programa de radio si iría contra Graco.
Ebrard revivió el pasado. "Soy el único político de México que ha enfrentado fuego amigo y fuego enemigo al mismo tiempo", reprochó, cuestionado
sobre si había sido víctima de una persecución política urdida desde el gobierno mancerista. El significado de su triunfal regreso a la CDMX, tras media década de vivir a salto de mata, dominó la agenda esta semana.
Y como el miedo no anda en solitario, Mancera envió un guiño desde la mañana del jueves, día en que Ebrard reapareció en la ciudad que gobernó y que le heredó al que fuera su procurador capitalino. "Nosotros en la Ciudad de México no tenemos ninguna indagatoria abierta (contra el ex alcalde)", soltó.
Pero eso es tanto como apostar a que Ebrard no tiene memoria. El pleito Mancera-Marcelo llegó a lo personal, lo mismo que el de Cuauhtémoc y Graco.
Como dirían los estadounidenses: the writing is on the wall.