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Si alguien piensa que la ofensiva judicial emprendida por Ricardo Anaya y Javier Corral (con claros fines electorales) termina en Chihuahua y con el exgobernador César Duarte, se equivoca. Ya viene el turno de Egidio Torre, Roberto Sandoval y Jorge Herrera Caldera, los exgobernadores de Tamaulipas, Nayarit y Durango.
A semanas de arrancar la campaña presidencial, Anaya parece haber encontrado en la perenne sospecha de corrupción de los exmandatarios priistas una muy lucrativa estrategia con dos objetivos claros: mantener al PRI a la defensiva y enviar a José Antonio Meade al tercer lugar antes del inicio de la contienda. La meta es llegar a abril con el Frente en condiciones de emprender una lucha final, tête à tête con Andrés Manuel López Obrador.
Por partes. Ha pasado casi un mes de la detención del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, y a la fecha la campaña de Meade no atina a recuperar ritmo y fuelle. Habrá quien diga que aún estamos en precampaña, pero el precandidato priista y su equipo parecen atrapados en un ciclo reactivo. Se les ve faltos de reflejos, sin propuesta clara. Luego de su destape, Meade no ha logrado recobrar el control de la narrativa dictada desde hace varios días por López Obrador, por un lado, y aún más preocupante para los priistas, por Anaya a través de Javier Corral.
El golpe ha sido rotundo. Con Corral en papel de denunciante, Anaya logró vincular nuevamente al PRI con el concepto que más le duele, el de la corrupción. La discusión en la arena pública no es si el affaire Chihuahua está construido sólo con los dichos de un testigo protegido, sino que otro gobernador, uno más del PRI, se despachó con la cuchara grande a costa del erario.
La respuesta PRI-gobierno ha sido titubeante, en el mejor de los casos. Ni de Meade, ni de Aurelio Nuño, ni de la Secretaría de Hacienda ha venido una defensa sólida. El impacto de la estrategia anayista fue tal que hasta el presidente Enrique Peña Nieto terminó subiéndose al ring. Esta semana se tuvo que incorporar al rudo Javier Lozano a la estrategia de comunicación priista.
"Nos está faltando punch", reconoció un colaborador de Meade. "Tenemos que empezar a hacer más ruido".
Y ruido, precisamente, no ha habido, con Meade ocupado como está en convencer a los priistas de hacerlo suyo, más que en enviar mensajes externos. El tiempo, sin embargo, sigue corriendo. Las encuestas de finales de enero medirán qué tan efectivo fue el golpe en Chihuahua, pero al menos en lo que a comunicación y discurso político se refiere, el saldo es positivo para el Frente.
Y ahora, todo indica, Anaya se prepara para replicar el golpe en Tamaulipas, Nayarit y Durango.
II
Al daño causado por el obús Duarte, el Frente quiere sumar los de los escandalosos casos de Egidio Torre, Roberto Sandoval y Jorge Herrera, en cuyas administraciones se acumularon ofensivas pruebas de corrupción e irregularidades en el manejo del presupuesto que rondan varios miles de millones de pesos. Los tres priistas son un plato demasiado suculento para desperdiciarse.
Las señales apuntan a un esfuerzo concertado en los gobiernos de Tamaulipas, Durango y Nayarit, controlados todos por el PAN, para revivir a nivel estatal las investigaciones sobre actos de corrupción registrados en los gobiernos anteriores. El timing para descongelar los procesos parece perfecto: justo en pleno proceso electoral, cuando el impacto podría ser devastador en la campaña priista.
En Tamaulipas corre la especie de que en los próximos días se hará un anuncio importante respecto a la administración de Egidio Torre.
La Fiscalía Anticorrupción tiene, al momento de escribir esto, abiertas 50 carpetas por actos irregulares cometidos durante el sexenio anterior, marcado por escándalos como el descubrimiento de una lujosa mansión a nombre del gobernador en Nuevo León.
En Durango, 26 funcionarios de primer nivel de la administración de Jorge Herrera Caldera se encuentran amparados y a lo largo de los últimos meses y semanas jueces locales han girado 10 órdenes de aprehensión contra varios exsecretarios. La tesorera del anterior gobierno, Cristina Díaz –una pieza clave en la construcción de cualquier caso contra el exgobernador–, se halla prófuga. Interpol ya activó una ficha roja para su localización.
Otras piezas que están sobre el tablero dan cuenta del nudo que poco a poco se cierra sobre el exgobernador. Su primo, Rafael Herrera, se halla recluido en el Cereso local, acusado de haber orquestado el pago de 53 millones de pesos a empresas fantasma, mientras que el exsecretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez, enfrenta otro juicio por peculado. El propio Jorge Herrera, hoy funcionario en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se amparó recientemente.
A la espera de que se determine si el blindaje de Herrera y compañía es efectivo, el gobierno de José Rosas Aispuro asegura que van por detenciones. Galdino Torrecillas, consejero jurídico del Ejecutivo local, reiteró en estos días que "más órdenes de aprehensión están preparándose".
Cada estado, por supuesto, tendrá sus propios tiempos. Y falta ver la defensa que prepare el PRI, alertado de la ofensiva jurídica en su contra. Por lo pronto, a las acciones que ya se cocinan en Tamaulipas y Durango se suma el inesperado descongelamiento del juicio político esta semana en el Congreso de Nayarit contra Roberto Sandoval.
En caso de que el juicio proceda, PAN-PRD-MC cuentan con una sólida mayoría en el Legislativo, además de que las evidencias en contra de Sandoval son, por decir lo menos, sustanciales (se le vincula no sólo con César Duarte, sino que se le exhibió por su gusto por los caballos lujosos, los ranchos y una vida de sibarita).
Un elemento adicional se presta para interpretar el interés de Anaya por revivir estos casos. Coincidentemente o no, viajó a los estados en donde se estarían urdiendo los nuevos golpes jurídico-políticos. Estuvo en Durango el 5 de enero, en Tepic el 11, y en Tampico el 12.
Mucha coincidencia en momentos en que tres casos adicionales de corrupción servirían para golpear aún más al priismo.
Twitter: @vhmichel
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