La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales, que junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza impiden que las acciones de la persona humana y de la sociedad se desquicien, se deshumanicen, se rompan. La justicia es la luz que orienta la acción de las personas y de las sociedades para no caer en el caos.
Para los griegos la justicia diké es el orden (disposición de las cosas para un fin), el orden de la physis (naturaleza) que incluye el orden de la polis (ciudad). De este modo, podríamos decir que la justicia se concreta en el Derecho, que explicita el bien jurídico de “dar a cada quien lo suyo”, lo que le pertenece a la persona como propio e inalienable. En efecto, uno de los fines del Derecho es la justicia y esta es la realización objetiva del Derecho, si bien, la justicia no se limita al ámbito legal, “lo mandado”, sino se extiende a “lo debido”. Tomás de Aquino, fundamenta la justicia en la persona humana que es “principio, sujeto y fin de todas las relaciones sociales”. También así, lo señala el gran jurista español Legaz Lacambra: “el valor de la persona consiste en ser más que un mero existir, en tener dominio sobre la propia vida, y esta superación, este dominio, es la raíz de la dignidad de la persona”
Hay tres nociones en la concepción clásica de justicia: la justicia conmutativa que rige la relación entre particulares, la justicia distributiva que consiste en la distribución de cargos y cargas según mérito y capacidad, y la justicia legal o general que atiende al bien del todo, a las relaciones sociales, y tiene por meta el bien común, que está sobre el bien individual, sin excluirlo, ya que ante todo se deben respetar los derechos humanos.
Actualmente la justicia legal se suele denominar justicia social, ya que el sistema legal debe juzgarse desde el imperativo moral, además, lo social hace especial referencia a las relaciones más universales y fomenta la solidaridad o la subsidiaridad a favor de las sociedades intermedias.
Para tener una concepción adecuada de la justicia social es de gran importancia establecer el tipo de relaciones que deben existir entre persona y sociedad. La sociedad y el Estado existen para la persona y no a la inversa, por consiguiente, el Estado no debe ultrajar a la persona humana, ni aplastar u oprimir las sociedades intermedias, sino al contrario, debe promover el crecimiento de las dimensiones del ser humano y sus legítimas aspiraciones tanto materiales como espirituales.
Reducir el Derecho a la sola voluntad del gobierno equivale a mutilar su naturaleza y sus fines. El alma del Derecho, que es la justicia, radica en que la persona vea en las leyes el reflejo de su dignidad, la cual exige que los otros respeten la dignidad de la persona y la persona la respete en los demás, y sobre todo, que el gobierno respete a las personas.
Hegel pretendía justificar filosóficamente el gobierno totalitario, lo cual es inadmisible, ya que el gobierno debe respetar y proteger los derechos humanos fundamentales y los fines legítimos de las sociedades humanas: el Derecho está subordinado a estos fines que determinan su orientación y contenido. Para Tomás de Aquino, el Derecho es “la ordenación racional al bien común promulgada por quien tiene el encargo de la comunidad”. A partir del siglo XIX, brota de nuevo el concepto del bien común, pero con nueva terminología: interés público, interés general o justicia social. Por consiguiente, es menester tener mucho cuidado para que las ayudas del gobierno no tengan un cariz egoísta.
En efecto, ante los totalitarismos debemos sostener que la sociedad no existe sino en, por y para los miembros de la sociedad que la constituyen. En pocas palabras, es clave que el bien común no se polarice entre un individualismo egoísta y un totalitarismo de Estado.
Al respecto, el notable político latinoamericano, José Mujica, comentaba: “Los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselo a los flojos, los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan trabajo”.