El 30 de diciembre, en la última conferencia mañanera de 2021, el presidente López Obrador refrendó su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México y su confianza en Victoria Rodríguez, presente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, como su gobernadora para el periodo de seis años que inició el 1 de enero.
Sin embargo, AMLO dijo que le daría gusto que el Banco Central no sólo combata la inflación, sino que también impulse el crecimiento económico:
“Una función del banco es el control de la inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento, control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero si no hay crecimiento tampoco se avanza”.
En su argumentación, AMLO usó como analogía el sobrecalentamiento de un auto antiguo, que ya había utilizado anteriormente: “lo ideal es que ‘el carro camine sin calentarse’, esa es la función del Banco de México y la responsabilidad nuestra es respetar las decisiones que toma”.
La referencia al crecimiento económico no es la primera expresión del presidente, si bien a nivel de ‘opinión’, para que Banxico ejerza un mandato dual, donde al mismo tiempo que se le encomienda la estabilidad de precios, también se le asigna la tarea de promover el crecimiento.
Respecto a ese tema, tanto en esta administración como en las anteriores ha habido un amplio debate sobre la compatibilidad entre el mandato de estabilidad de precios y el crecimiento económico.
Banqueros centrales del país han dicho que la mejor manera de que Banxico contribuya al crecimiento es, como lo ha hecho hasta ahora, con su compromiso permanente con la estabilidad de precios.
Es decir, el objetivo de controlar la inflación no se contrapone al de impulsar el crecimiento de la economía mexicana.
Hasta antes de la llegada de Victoria Rodríguez, la Junta de Gobierno estaba cómoda con el mandato único del Banco Central.
En la mañanera del jueves pasado, la nueva gobernadora dijo que “hay que cumplir con el mandato, que es mantener el nivel de precios, que además beneficia a los más vulnerables”.
Inflación galopante
Banxico publicará mañana la minuta sobre el anuncio de la decisión de política monetaria del pasado 16 de diciembre, en la que su Junta de Gobierno decidió por mayoría incrementar en medio punto la tasa de interés de referencia ante las mayores presiones inflacionarias internas, que en alguna medida replican las externas dada la extensión de las disrupciones en las cadenas de suministro globales.
Incluso ya no se considera que los factores que han presionado los precios al alza sean principalmente transitorios, por lo que estamos ante el riesgo de un escenario de inflación elevada más persistente.
La importancia de la minuta reside en que el comunicado de prensa de Banxico de hace tres semanas incluyó la frase “en esta ocasión” para referirse a la decisión de acelerar el ritmo del ‘apretón’ monetario de un cuarto a medio punto, que contó con el voto aprobatorio de cuatro de los cinco miembros de la Junta.
Un día después, el viernes, el Inegi dará a conocer el dato de inflación general al cierre de diciembre, para el que las expectativas del mercado se ubican en torno a 7.5 por ciento anual, que sería la cifra más alta para un final de año desde 2000.
Para el índice subyacente, que sigue bajo presión y continúa elevándose, además de ser un referente de la tendencia inflacionaria, las previsiones de los analistas coinciden en que cerraría diciembre en 5.9 por ciento anual, que sería la lectura más elevada desde finales de 2001.
Además de que estamos frente a la inflación más alta en dos décadas, se convergerá a la meta de 3.0 por ciento hasta el cuarto trimestre de 2023, según los pronósticos más recientes de Banxico.
Hay un largo y lento camino por recorrer en la ruta de converger a niveles bajos de inflación.
En el escenario inflacionario actual, el riesgo de otorgar a Banxico la dualidad sugerida por AMLO es que estaría bajo presión pública y política por hacerlo responsable no sólo de combatir la inflación, sino también de promover el crecimiento de la economía por mandato constitucional.
Sería una manera de liberar al gobierno y a los responsables de la política económica de su obligación de actuar a favor de un mayor crecimiento.