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México: la imagen de un país violento

Tanto la violencia como el crimen tienen un impacto en el crecimiento económico e implican un costo monetario para el país, que lamentablemente enfrentan los negocios y hogares.

Los hechos violentos registrados en el área metropolitana de Guadalajara, en municipios de Guanajuato y en Ciudad Juárez –donde perdieron la vida personas inocentes– en la semana que hoy termina, son la mejor evidencia del poder de los grupos del crimen organizado.

Tanto la violencia como el crimen tienen un impacto en el crecimiento económico e implican un costo monetario para el país, que lamentablemente enfrentan los negocios y hogares.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del INEGI estima que la delincuencia que sufren los empresarios costó 226 mil millones de pesos en 2019 (1.2 por ciento del PIB).

Para 2020, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, también del INEGI, calcula que para los hogares el costo de la delincuencia fue de 278 mil millones de pesos (1.7 por ciento del PIB).

FEMSA reportó actos de violencia el jueves en dos de sus tiendas Oxxo de Juárez, donde falleció una de sus colaboradoras y también una joven que había ido a presentar su solicitud de trabajo.

El martes fueron incendiadas en forma total o parcial 25 tiendas Oxxo en tres municipios de Guanajuato: 20 en Irapuato, tres en Celaya y dos en León, donde afortunadamente sus colaboradores y clientes no sufrieron afectaciones.

Este viernes, todas las organizaciones del sector privado agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial condenaron los hechos de violencia en Juárez “y, de manera cada vez más frecuente y grave, en otros puntos del territorio nacional, como Jalisco y Guanajuato”.

El máximo organismo de representación empresarial exige a las autoridades “actuar con rapidez para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las y los mexicanos, en un contexto de paz y justicia, con el debido respeto al Estado de derecho, para recuperar lo antes posible la tranquilidad en las comunidades afectadas”.

Hay una creciente inseguridad pública en todo el país, reflejada no sólo en los indicadores sobre delitos y criminalidad de la delincuencia, sino también en la opinión empresarial y percepción ciudadana.

La inseguridad es percibida como uno de los más grandes obstáculos que impiden el crecimiento de México a corto plazo.

De acuerdo con la encuesta que levanta cada mes el Banco de México entre especialistas en economía del sector privado, al menos el 15 por ciento de ellos cree que los “problemas de inseguridad pública” son el principal factor limitante para el crecimiento de la economía nacional.

En esa línea, la encuesta mensual de EL FINANCIERO sugiere que la percepción de inseguridad a nivel nacional se ha deteriorado durante este año.

La percepción de la opinión pública sobre la estrategia de seguridad sigue mostrando desaprobación; de hecho, es el rubro que tiene las calificaciones más negativas:

La opinión negativa sobre el desempeño del gobierno del presidente López Obrador en el ámbito de la seguridad aumentó de 61 a 67 por ciento entre mayo y junio pasados, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

Pese a los altos niveles de inseguridad y violencia, no hay señales de que AMLO considere modificar su política de ‘abrazos, no balazos’, que en términos de la opinión ciudadana no está funcionando.

Lo único que anunció el presidente al inicio de la semana fue su intención de emitir un acuerdo o decreto para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Si lo hace sin enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional, independientemente de la preocupación sobre la militarización del país, encenderá las alarmas de la legalidad al ir en contra de lo que señala la Constitución, en el sentido de que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil.

La inseguridad puede afectar negativamente la actividad económica al reducir las ventas, inhibir la inversión y deteriorar las expectativas de crecimiento futuro.

Sin políticas efectivas que combatan la inseguridad y fortalezcan el Estado de derecho, no habrá un entorno de confianza propicio para la inversión y el crecimiento.

Más allá de eso, como expuso la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en un posicionamiento este viernes, no debemos ni podemos acostumbrarnos a hechos de violencia como los ocurridos en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, pues “México no lo merece”.

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