Este viernes, la Secretaría de Hacienda informó que el periodo enero-agosto de este año la recaudación tributaria registró una disminución de 0.4 por ciento en términos reales respecto al mismo lapso de ocho meses de 2021.
Además, se mantuvo por debajo del monto aprobado en 61.4 mil millones de pesos –con el redondeo de cifras– “en el contexto de la aplicación de los estímulos al IEPS de combustibles”.
Pero, ¿quién gana y quién pierde con la política de contención de precio de los combustibles?
En el periodo enero-agosto de 2022 el IEPS de gasolinas y diésel tuvo un resultado negativo en su recaudación de 84.5 mil millones de pesos.
Esto, después de que en los mismos ocho meses del año anterior fue de 169.6 mil millones de pesos, pero con signo de más o positivo.
Sólo en agosto, el IEPS de gasolinas y diésel tuvo un resultado negativo en su captación de 27.6 mil millones de pesos.
Así se ha comportado desde abril pasado dada la aplicación de estímulos al consumo de combustibles vía el IEPS correspondiente.
En 2022 es la primera vez que este gravamen reporta números rojos desde 2014, justo hace ocho años.
La aplicación de estímulos al IEPS de gasolinas y diésel permitió evitar un incremento en los niveles de inflación y un deterioro en el salario real, asegura Hacienda.
Este reportero conversó con el subsecretario Gabriel Yorio, quien de entrada dice que cuando el subsidio a las gasolinas se analiza solamente en función de los consumidores o se centra en familias, ciertamente hay un debate sobre su progresividad y regresividad.
Pero cuando se pone en un contexto en el que el 60 por ciento de la mercancía en el país se moviliza a través de carreteras, donde se utilizan autos ligeros o vehículos pesados que consumen gasolina o diésel, se evitan efectos de primer, segundo o hasta tercer orden en la formación de precios.
El funcionario explica que el precio de la gasolina regular en México costaba alrededor de 21 o 22 pesos por litro, pero “si lo hubiéramos dejado subir al precio internacional hubiera llegado a 35 pesos por litro”.
Este sobrecosto de transporte se habría trasladado a los precios finales de los consumidores.
“Nosotros estimamos que la inflación pudo haber alcanzado con puro efecto directo cerca del 12 por ciento”, pero al tomar en cuenta efectos indirectos de segundo o tercer orden “pudo haber llegado al 14 por ciento”.
Un salto de inflación del 8.2 por ciento anual, que estábamos observando en julio, al 12 o 14 por ciento “habría afectado a las familias de menores recursos y usualmente las que tienen más bajos ingresos son las que no se pueden proteger contra la inflación”.
Pero también habría llevado al Banco de México a ‘apretar’ su política monetaria de manera más acelerada al haber un brinco tan alto en la inflación.
“Habíamos venido de una política monetaria que iba ajustando de 25 a 50 y a 75 puntos base” la tasa de referencia, pero “si de pronto se hubiera observado ese salto (en la inflación), probablemente estaríamos hablando de incrementos de 100 puntos base o más”, afirma el subsecretario.
La cosa no termina ahí, pues eso habría llevado a un efecto sobre las hipotecas, los préstamos y el financiamiento en la economía, así como sobre el costo financiero de la deuda, generando una ralentización de la demanda en México.
Yorio dice que en Hacienda creen que “la contención de la inflación que no observamos, porque no se realizó y se mantuvo en 8.7 (por ciento anual), ha contribuido a que el gasto público no hubiera perdido cerca de 180 mil millones de pesos en poder adquisitivo”.
Además, “evitamos cerca de 100 mil millones de pesos” en el costo del servicio de la deuda.
Si bien se pierde una recaudación por el IEPS de gasolinas de 396 mil millones de pesos, se recibieron flujos de petróleo excedentes por 398 mil millones, por lo que “casi salimos tablas”.
Lo más importante, expone, es proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, sobre todo de menores ingresos.
En el salario del trabajador, que en promedio es de cerca de 9 mil pesos al mes, “evitamos que perdiera cerca de mil pesos en consumo”.
En el análisis costo-beneficio el gobierno sale ganando, por lo que se concluye que la política de contención del precio de la gasolina fue una buena decisión.