El decreto del presidente López Obrador que prohíbe en México el uso del glifosato y del maíz amarillo genéticamente modificado a partir de 2024, no sólo preocupa al gobierno de Estados Unidos, sino también al de Canadá, sus socios en el T-MEC.
El jueves, en su reunión con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, transmitió las preocupaciones de su país por “el decreto presidencial de 2020 frente a los desafíos actuales de seguridad alimentaria mundial”.
La ministra Ng planteó a Buenrostro “la importancia de seguir los enfoques regulatorios basados en la ciencia para las aprobaciones de biotecnología”, según el comunicado difundido por el gobierno canadiense.
De acuerdo con Jorge Molina, consultor en comercio internacional, cualquiera de los tres socios del T-MEC tiene la posibilidad de diseñar e implementar las normas que permitan defender la salud, la seguridad de sus ciudadanos y su medio ambiente, así como aumentar la seguridad nacional, siempre y cuando estén basadas en evidencia científica.
“En el T-MEC la idea siempre ha sido ‘tú puedes aplicar las normas que quieras, pero me tienes que demostrar que existe una evidencia que las justifique’ y, de hecho, el mecanismo vigente es que un país, ya sea EU, México o Canadá, emite un borrador de la norma y le tiene que dar a los otros dos países de 60 a 90 días para hacer comentarios y, de haber algún problema, las correcciones necesarias”, explicó.
Molina dijo que EU y Canadá le cuestionan a México “cuáles son las bases científicas para generar esas barreras” al comercio.
En EU los dos senadores republicanos de Iowa, Chuck Grassley y Joni Ernst, ya le solicitaron de manera formal al Congreso estadounidense iniciar un proceso de solución de controversias sobre la interpretación o aplicación de este tema por parte de México.
En EU la Constitución hace de los temas comerciales una responsabilidad del Congreso, por lo que la representación comercial (USTR) tiene que responder de manera oficial a esa petición y no la puede desechar.
En los últimos años las importaciones de maíz OGM –como se le conoce– en México se han ubicado en unas 16 millones de toneladas anuales, que en su mayor parte provienen de Iowa y que se destinan prioritariamente a la alimentación animal.
Algo importante es que la compra de maíz genéticamente modificado que México hace a Iowa está subsidiada por EU, que incentiva su producción desde hace años.
Por lo tanto, no sólo es un producto que para México es una materia prima indispensable, sino que su precio de mercado es sumamente atractivo.
Además, es la base de muchas de nuestras exportaciones con más valor agregado. Es decir, México importa maíz amarillo subsidiado, pero exporta carne y otros productos con mayor valor.
El decreto que prohíbe el uso del herbicida glifosato y del grano de maíz genéticamente modificado va más allá de ser una medida ideológica que supone el descuido de maíces nativos, cuya producción no alcanza para satisfacer las necesidades del país.
El Consejo Nacional Agropecuario estima que la prohibición incrementará la demanda de sustitutos del maíz amarillo, como el sorgo, el trigo, la cebada y el maíz blanco, lo que incrementaría los precios de estos cultivos.
Además, en caso de que México implemente estas restricciones, “sería una violación directa al capítulo de acceso a mercados del T-MEC, por lo tanto, sujeta a consultas, a un posible panel y represalias comerciales”, afirma Kenneth Smith, exjefe negociador técnico para el T-MEC en la Secretaría de Economía.
El ahora consultor advierte que, en este momento, cuando a nivel internacional y también en nuestra región hay una inflación en los alimentos de alrededor de 15 por ciento anual, “no nos podemos dar el lujo de erigir barreras (de entrada en México) a nuestro principal socio comercial”.
Si el conflicto avanza, “tendríamos para principios de 2023 una especie de tormenta perfecta donde está aún vigente la posibilidad de que tengamos un caso de solución de controversias en materia de energía con EU y Canadá, más una disputa en maíz”, alertó Smith.
Uno de los principales representantes del ‘Cuarto de Junto’, institución del sector empresarial que tuvo una participación relevante en el proceso de negociación del T-MEC, dijo a este reportero que la controversia en el maíz es “una más del gobierno de México, que tiene una visión corta”.
‘Sin maíz, no hay país’... ni T-MEC.