Era cuestión de tiempo para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitara formalmente a la Secretaría de Economía el inicio de consultas técnicas para abordar el decreto del Ejecutivo mexicano del 13 de febrero sobre glifosato y maíz genéticamente modificado.
El tono del comunicado de Economía sobre la reunión virtual del 24 de febrero de la secretaria Raquel Buenrostro y la representante comercial de EU, Katherine Tai, no fue bien recibido en Washington.
En ese boletín del 27 de febrero, Economía señaló que las diferencias que existen con EU en el tema de la eliminación de las importaciones de maíz transgénico son de carácter político y no comercial.
“El diferendo de Estados Unidos sobre el decreto que regula el maíz transgénico carece de fundamentos comerciales. Su motivación, en realidad, es política”, sostuvo la dependencia mexicana.
La respuesta de USTR no se hizo esperar y, sólo un día después, mediante una declaración de su vocero, Sam Michel, refutó los señalamientos de Economía:
La embajadora Katherine Tai transmitió a la secretaria Raquel Buenrostro, las “serias preocupaciones de Estados Unidos con las políticas biotecnológicas de México”, dijo.
“Estas preocupaciones no tienen motivaciones políticas. De hecho, las políticas de México no se basan en la ciencia”, remató y luego advirtió que “continuamos presionando a México para una resolución completa y rápida de las preocupaciones de Estados Unidos”.
Exfuncionarios responsables de la implementación del T-MEC por parte de México dijeron a este reportero que el comunicado de Economía fue “innecesariamente grosero y técnicamente incorrecto”, por lo que anticiparon que no faltaba mucho para llegar a las consultas por posibles violaciones al Tratado.
Finalmente, este lunes USTR anunció el inicio de consultas técnicas con México, solicitud que acerca a EU a la resolución de disputas bajo el T-MEC sobre las medidas que el gobierno mexicano ha tomado para prohibir la importación del maíz transgénico.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el nuevo decreto acota la prohibición a las importaciones de maíz transgénico destinado al consumo humano, excluyendo el destinado al consumo pecuario e industrial, aunque establece que se deberá sustituir su uso gradualmente, sin especificar un periodo.
Dicho de otra manera, el maíz transgénico para alimentación animal y uso industrial para alimentación humana, excepto la producción de masa y tortilla, se seguirá importando hasta que se encuentre un sustituto.
La denuncia de USTR se refiere a la presunta falta de evidencia científica que sustente la intención de México de prohibir el uso del glifosato y la importación de maíz transgénico conforme a lo dispuesto en el decreto del 13 de febrero.
Economía informó que “México aprovechará este mecanismo (de consultas técnicas) previsto en el T-MEC para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio Tratado”.
Pero como dice la frase, ‘el diablo está en los detalles’, pues el hecho de que no haya afectación comercial no es una justificación para eximir al país de dar cumplimiento con lo acordado en el Tratado.
México es el segundo destino de las exportaciones de maíz de EU, después de China. En 2022, EU vendió a nuestro país 4 mil 400 millones de dólares por unas 15.4 millones de toneladas de maíz, que alcanzaron un precio máximo histórico de 321 dólares la tonelada.
Según lo que establece el Tratado, a más tardar el 5 de abril –30 días contados a partir de ayer– tiene que haber al menos una reunión entre las partes, “con el objetivo de resolver cooperativamente el asunto, de ser posible, dentro de los 180 días a partir de la solicitud” de consultas, es decir, hasta el 2 de septiembre.
El presidente López Obrador dijo ayer que “hay esta solicitud de consulta, pero todavía tenemos un mes y, si no hay entendimiento, nos vamos al panel, porque es un asunto para nosotros muy importante, es la salud de nuestro pueblo”.
Por el tono y el ‘modito’ de los mensajes, parece que México quisiera recurrir a la resolución de disputas ante un panel.