Finalmente, el marco fiscal expansivo propuesto por el gobierno federal para 2024 sí fue reconocido como un factor de riesgo inflacionario por algunos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México.
No sólo eso, sino que en el análisis para evaluar la postura monetaria se advirtió que el riesgo fiscal podría requerir una restricción más prolongada por parte del banco central.
Así lo deja ver la minuta correspondiente a la decisión de política monetaria de Banxico anunciada el 28 de septiembre, casi tres semanas después de que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el Paquete Económico para 2024, que propone una ampliación del déficit público a 4.9 por ciento del PIB desde 3.3 por ciento en 2023.
El comunicado de esa decisión de política monetaria no hizo mención alguna de las perspectivas de las finanzas públicas ni de la sostenibilidad fiscal y de la deuda hacia el cierre de la administración.
Sin embargo, la minuta sobre la reunión de la Junta de Gobierno de septiembre, a la que asistieron la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez; las subgobernadoras Galia Borja e Irene Espinosa; los subgobernadores Jonathan Heath y Omar Mejía, así como el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, exhibe las preocupaciones por las metas fiscales incluidas en el Paquete Económico para 2024.
La primera mención al tema refiere a lo dicho por un miembro de la junta en el sentido de que “a las presiones sobre la inflación subyacente –que sigue mostrando resistencia a disminuir– se suman los efectos de un mayor crecimiento económico y un marco fiscal expansivo para 2024 no previsto en las proyecciones anteriores”.
Más adelante, la minuta señala que algunos integrantes de la junta “opinaron que la ampliación del déficit fiscal propuesto para 2024 podría representar presiones inflacionarias adicionales”.
En particular, “uno mencionó algunos retos hacia delante para las finanzas públicas asociados con el ajuste fiscal requerido para alcanzar la consolidación en 2025; la rigidez de la estructura del gasto; la expectativa de menor crecimiento global en 2025, y la reducción del espacio fiscal para incrementar el gasto en infraestructura”.
Argumentó que “esto último es clave para aumentar el crecimiento potencial y aprovechar el proceso de relocalización”.
Por otra parte, “opinó que la situación de Pemex constituye una preocupación para la sostenibilidad de las finanzas públicas debido a su dependencia de recursos federales”.
Al elaborar sobre la opinión de otro miembro de la junta, la minuta expone que “el paquete fiscal puede generar presiones sobre la demanda agregada”.
Lo que sigue es importante, porque el mismo integrante advirtió que “de no cumplirse el proceso de consolidación fiscal previsto para 2025 ante los retos que ello implica, las consecuencias sobre la dinámica inflacionaria podrían ser aún mayores para ese año”.
Según la minuta, un miembro destacó que el proceso de desinflación enfrenta presiones internas provenientes, entre otros factores, de “los efectos aún inciertos de una expansión fiscal”.
El mismo integrante alertó que “la falta de sincronización entre la política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva implica estar atentos a: que tengan que compensarse los posibles efectos que este estímulo pudiera tener en las presiones de demanda agregada; y la posibilidad de que la postura fiscal sea más duradera de lo anticipado, si la reducción del balance proyectado para 2025 no es de la magnitud prevista”.
La minuta no identifica quién emite los comentarios, pero recientemente el subgobernador Heath dijo que “preocupa que las dos políticas marchan en sentido opuesto. Sin duda, es un elemento adicional que dificultará nuestra lucha contra la inflación”, reconoció.
De ahí que se asuma que Heath es uno de los banqueros centrales que en la reunión de septiembre manifestó su preocupación por la posible falta de sincronización entre las políticas fiscal y monetaria.
No sobra recordar que uno de los pilares de la estabilidad económica de México en las últimas décadas, prácticamente desde que se le otorgó autonomía a Banxico, es la relación armónica entre las políticas fiscal y monetaria.