El tema de pensiones estará presente en las campañas políticas, como lo deja ver el anuncio que hizo el presidente López Obrador el fin de semana en Río Blanco, en el sentido de que buscará reformar la ley que entró en vigor el 1 de julio de 1997.
Esa reforma colocó la responsabilidad de los recursos para el retiro en un sistema de capitalización de cuentas individuales gestionado por 10 entidades financieras privadas, llamadas Afores, y alimentado por las aportaciones tripartitas obligatorias que se hacen de manera bimestral.
Antes de 1997, lo que existía en el país era un modelo de pensiones de reparto o de beneficio definido, que para entonces se convirtió en un sistema financieramente insostenible e inviable.
A casi 27 años de su inicio, el Sistema de Ahorro para el Retiro o SAR tiene 73.9 millones de cuentas administradas por las Afores, que manejan recursos por cerca de 5.8 billones de pesos.
Los ahorros de los trabajadores para su retiro hoy representan alrededor de 18 por ciento del PIB.
Según lo que dio a entender AMLO, la reforma buscaría que se paguen pensiones del 100 por ciento del último salario de los trabajadores que quieran jubilarse:
“Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien”.
Ayer, en su conferencia matutina, AMLO abundó en el tema: “estoy pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo”.
El presidente pone en la mira a la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último sueldo del trabajador, demeritando la reforma de 2020, que permitió reducir las semanas cotizadas para tener derecho a una pensión de mil 250 a mil hacia el 2031, aumentar las aportaciones patronales y disminuir las comisiones que cobran las Afores.
En términos de las contribuciones, el objetivo de esa reforma es incrementar, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5 a 15 por ciento del salario base de cotización en un plazo de ocho años.
La aportación de los trabajadores se mantiene sin cambio en 1.125 por ciento de su salario, la patronal se eleva gradualmente –de 2023 a 2030– de 5.15 a 13.875 por ciento y la del Estado se elimina para dar paso a una cuota social otorgada por el gobierno.
La de 2020 más bien fue una reforma que acompañó el sector privado para que las empresas contribuyeran con mayores aportaciones patronales al régimen de pensiones de la Ley del Seguro Social.
Pero en esa reforma no se revisó la aportación de los trabajadores.
De acuerdo con Pedro Vásquez Colmenares, consultor experto en pensiones, “es difícil pensar que si yo aporto 1 por ciento de mi salario, voy a tener 100 por ciento de (pensión de) por vida después de 30 años de trabajo”.
En entrevista, el especialista afirma que “en ningún país del mundo hay tasas de reemplazo del 100 por ciento para todos” y, en el caso de los países miembros de la OCDE, “las pensiones están en promedio por arriba de 60 por ciento y no más de 70 por ciento en la mayoría de los casos”.
Más allá de la legítima preocupación de maximizar la pensión esperada al momento del retiro, hay una agenda pendiente en el país, porque la seguridad social no cubre a todos los mexicanos.
“Seis de cada diez mexicanos no tienen seguridad social, de tal suerte que esa es una verdadera asignatura” pendiente, dice Vásquez Colmenares al recordar que “ya se han cumplido 80 años de la creación del Seguro Social y su cobertura sólo es de cuatro de cada 10 mexicanos”.
Ya entrados en gastos, no está por demás señalar que los sistemas públicos de pensiones tienen fuertes problemas financieros, lo que los hace inviables, como ocurrió con el modelo de reparto o beneficio definido previo a 1997.
“Sólo para 2024, el capítulo de pensiones del presupuesto nacional es el capítulo más grande, son 2 billones de pesos lo que se va a gastar sobre los 9 billones de pesos del total de gasto federal, es el 22 por ciento que se va a pensiones”, recuerda Vásquez Colmenares.
Eso es lo que ya se ‘chupan’ las pensiones del presupuesto federal, pero es el rubro de gasto que más crece en términos reales –descontada la inflación– de forma sostenida.
Es el ‘tsunami’ de las pensiones.