En los últimos días, desde que el 7 de enero anunció en Veracruz su intención de “revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones”, el presidente López Obrador ha ido soltando algunas ideas de la iniciativa de reforma que enviará al Congreso el 5 de febrero.
En su conferencia matutina del lunes, dijo que el objetivo es establecer en el artículo 123 de la Constitución que el salario mínimo aumente al menos conforme a la inflación y que los jubilados reciban su último salario completo como pensión a fin de ‘evitar una crisis’.
“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, afirmó AMLO.
Sin precisar de dónde saldrían los recursos para absorber el costo fiscal de operar la reforma, el presidente indicó que “estamos trabajando ya en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos que el trabajador se jubile con su sueldo último, y no que se le reduzca a la mitad su pensión”.
De lo anterior se desprende que, en el caso de los afiliados al IMSS, las aportaciones de los trabajadores y, sobre todo, los patrones, se mantendrían inalteradas conforme a la reforma de 2020 al Sistema de Ahorro para el Retiro o SAR.
En dicha reforma, se estableció que la aportación del trabajador para su retiro permanecerá en 1.125 por ciento del salario base de cotización.
Se acordó un incremento en las aportaciones patronales de manera gradual a partir de 2023 hasta concluir en 2030, pasando de 5.15 a 13.875 por ciento.
Y se determinó mantener sin modificación en 0.225 por ciento la aportación del Estado hasta diciembre de 2022, pero eliminarla a partir de enero de 2023 para pasar a una cuota social para los trabajadores a cargo del gobierno federal.
En suma, el incremento de la aportación obligatoria pasará de 6.5 a 15 por ciento del salario base de cotización en un plazo de ocho años.
El viernes, cuando anunció que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales, incluidas la del Poder Judicial y la electoral, AMLO dijo que en la correspondiente a las pensiones, “lo que se va a hacer es que el gobierno va a aportar lo que no aportaba antes para que se logre que el trabajador obtenga cuando se jubile su salario completo”.
Hasta no conocer la iniciativa, es incierto si la mayor contribución del gobierno federal se dará como hasta antes de la reforma de 2020, con aportaciones gubernamentales administradas por las Afores, o si se optará por aumentar la cuota social o se elegirá otro mecanismo.
En cualquier situación, la gran pregunta es cómo se financiará fiscalmente la mayor cantidad de recursos que, en su caso, aporte el Estado para los trabajadores.
En el supuesto hipotético de que se otorgue una tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último sueldo del trabajador, del 100 por ciento, se tendría un alto costo en las finanzas públicas.
De por sí, como se publicó en este espacio la semana pasada, el gasto en pensiones y jubilaciones, incluida la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, suma 2 billones de pesos y significa casi 22 por ciento del presupuesto federal aprobado para este año.
Pero si se compara con la recaudación tributaria reportada por el SAT, que es la principal fuente de ingresos públicos, representa más de 43 por ciento.
Al inicio de la semana, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es el organismo regulador del SAR, compartió algunos resultados de la reforma de 2020, que también disminuyó las semanas cotizadas para tener derecho a una pensión:
Al cierre de 2023 un total de 72 mil personas obtuvieron una pensión bajo la ley vigente, pero de no haberse llevado a cabo la reforma solamente se hubieran pensionado 5 mil 233 personas.
Además, los nuevos pensionados alcanzaron una tasa de reemplazo promedio de 72 por ciento, mayor a la pensión de 49 por ciento que hubiera alcanzado el grupo reducido.
El hecho de que el presidente plantee ‘corregir’ el sistema de pensiones a ocho meses de concluir su administración, más bien lo pone como elemento central de la discusión política en el contexto de las campañas electorales.