Una nueva era comenzó en el país luego de que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales del 2 de junio, que la convertirán en la primera mujer presidenta de México.
Además de su victoria con 32 puntos por delante del segundo lugar de Xóchitl Gálvez, tendrá el control de ambas cámaras mediante la coalición de su partido con sus aliados, prácticamente suficiente para cambiar la Constitución.
Morena, Verde y PT votarán juntos en todas las reformas que serán discutidas en el Congreso en septiembre al inicio de la nueva Legislatura, entre ellas señaladamente los cambios al Poder Judicial para elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte por voto ciudadano.
Esto convertirá a Sheinbaum en la presidenta con el mandato más fuerte en prácticamente tres décadas, con controles y equilibrios bastante limitados por el debilitamiento de los contrapesos naturales.
Para el primer año completo de su gobierno, cuya inauguración presidencial es el próximo 1 de octubre, se anticipan restricciones en el gasto y retos en las finanzas públicas.
Esta semana, la próxima presidenta dejó claro ante empresarios del CCE que no habrá una reforma fiscal en su gobierno, pero comprometió un presupuesto responsable en 2025.
“No pensamos hacer una reforma fiscal, (pero) estamos haciendo un presupuesto muy responsable, nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5 por ciento del producto interno bruto, este año estará cerrando a más del 5 por ciento”, dijo Sheinbaum.
“La razón fundamental (de ese déficit) es el cierre de las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador”, justificó.
Pero “vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas a partir del 2026″, abundó la ganadora de la elección presidencial.
La incertidumbre sobre la salud de las finanzas públicas puede aumentar si la gestión fiscal en la primera parte de su gobierno no es suficiente para reducir el déficit al 3.5 por ciento del PIB, como lo proyecta.
Sheinbaum ha dicho que respetará la autonomía del Banco de México, sobre el que, con tres meses en la Presidencia, tendrá que hacer el nombramiento de uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno y enviar la propuesta al Senado, al finalizar el periodo de la subgobernadora Irene Espinosa el 31 de diciembre de 2024.
Aunque la virtual presidenta electa presentó el jueves a seis integrantes de su gabinete, teniendo inicialmente una reacción positiva del tipo de cambio del peso mexicano, los mercados financieros e inversionistas estarán atentos a otros nombramientos para cargos clave, entre ellos los directores de las empresas energéticas del Estado, Pemex y CFE.
El sector privado en general seguirá con atención las decisiones de Sheinbaum, una vez en el cargo, sobre los principales proyectos prioritarios de infraestructura en su administración.
En materia comercial, el gobierno mexicano tendrá que preparar la estrategia para la revisión del T-MEC en 2026.
No hay que descartar la posibilidad de un intento de Estados Unidos de retirarse del tratado, si Donald Trump gana la elección presidencial de noviembre.
Este escenario, de materializarse, sería muy disruptivo para los flujos de comercio regional y para las perspectivas de inversión extranjera directa, en el contexto de la relocalización de empresas a México.
En el frente económico, las perspectivas de crecimiento para 2024 y 2025 se siguen revisando a la baja.
En la más reciente encuesta quincenal que levanta Citibanamex entre analistas de mercados, publicada el jueves, el consenso anticipa un crecimiento de 2.1 por ciento para este año contra 2.2 por ciento proyectado hace una quincena.
El crecimiento en 2023 fue de 3.2 por ciento, lo que da cuenta de un 2024 económicamente débil y no se diga el 2025.
Para el próximo año la previsión de crecimiento es de 1.7 por ciento contra una de 1.8 por ciento previamente.
En el corto plazo, las perspectivas para la política monetaria del Banxico en gran medida dependen del comportamiento del peso.
Por lo pronto, los recortes de tasas estarán fuera de la mesa hasta tener claridad de la propuesta de reforma judicial, que probablemente será aprobada en septiembre, ya con la nueva Legislatura y todavía en la administración de AMLO.