Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno con el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, que detonó una acentuada volatilidad en los mercados financieros nacionales y que tuvo un alto costo fiscal.
Y lo concluye con la expropiación de los terrenos y el puerto de la mina de Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, en Quintana Roo, envuelta en un conflicto que desde hace tres años la mantenía sin operaciones en México.
En el decreto publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano justifica su decisión citando el artículo cuarto de la Constitución en su párrafo quinto, que establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, por lo que “el Estado garantizará el respeto a este derecho”.
Además, invoca el artículo 27 constitucional en su párrafo tercero, que señala que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
El decreto del Ejecutivo federal declara área natural protegida la zona situada al sur de Cancún y Playa del Carmen, donde están los terrenos de Vulcan bajo la firma Sac-Tun (antes Calica).
La medida tiene la intención de impedir a la constructora extraer piedra caliza de los terrenos de los que fue propietaria durante décadas y que previamente el gobierno de AMLO intentó adquirir sin éxito.
La empresa estadounidense no sólo considera ilegal la expropiación de sus inversiones en Quintana Roo, sino que advierte un conflicto directo con disposiciones del T-MEC.
La razón es que el capítulo sobre inversión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, señala que “ninguna parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, ya sea directa o indirectamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización”, salvo los casos siguientes:
Por causa de utilidad pública; de una manera no discriminatoria; mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva, y de conformidad con el debido proceso legal.
El capítulo de inversión contiene las disposiciones en materia de expropiación y compensación, que deben otorgar la certeza a los inversionistas de que sus propiedades y posiciones serán respetadas, y garantizar un trato no discriminatorio y una compensación pronta, efectiva y adecuada, en los casos en que sus derechos se vean sustancialmente afectados por las acciones del Estado.
En la víspera de la expropiación, senadores estadounidenses trataron de disuadir al gobierno de AMLO de tomar la medida planteando en una iniciativa de ley autorizar represalias contra México.
De acuerdo con expertos consultados por este reportero, el tema de Calica es muy serio, pues no hay precedentes de casos similares desde el TLCAN.
Si bien la expropiación no es una buena señal para atraer inversiones a México y puede dañar la confianza empresarial, esta semana dos grandes compañías estadounidenses confirmaron anuncios de inversión en el país que suman dos mil 900 millones de dólares.
Primero, Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, reveló una nueva inversión de mil 300 millones de dólares durante los próximos tres años para mejorar la infraestructura de inteligencia artificial y las iniciativas destinadas a promover las habilidades digitales y de IA.
El anuncio fue confirmado por Marcelo Ebrard, quien a partir del martes ocupará la Secretaría de Economía en la presidencia de Claudia Sheimbaum, con un mensaje en su cuenta oficial de X donde destacó que se trata de buenas noticias para el país.
Después, la propia Sheinbaum, quien en tres días se convertirá en presidenta constitucional, informó de una reunión con directivos de Constellation Brands, encabezados por Bill Newlands, su presidente y director ejecutivo, empresa que está invirtiendo mil 600 millones de dólares en Veracruz, donde construye una nueva planta cervecera.
Esta planta sustituye a la que Constellation Brands iba a construir en Mexicali y que fue cancelada en 2020 con una ‘consulta popular’, como la que tiró el NAIM en 2018, con la diferencia de que el aeropuerto de Texcoco fue sepultado para siempre.