Después de transcurridos casi 23 meses desde que inició el gobierno de la cuarta transformación, a nadie deben sorprender los planteamientos del presidente López Obrador sobre el sector energía, pues siempre ha estado en contra del modelo energético 'neoliberal'.
Van tres botones de muestra sobre su visión del tema en hechos recientes:
La empresa española Iberdrola amagó la semana pasada con dejar de invertir en nuestro país.
En la presentación de los resultados financieros, el presidente de la operadora de energías renovables, Ignacio Sánchez Galán, dijo que en México "no vamos a iniciar nada salvo que el gobierno decida que quiere aclarar este tipo de políticas (energéticas). Si dice que no quiere que inviertan extranjeros, no lo haremos; si quiere lo contrario, entonces estableceremos un marco razonable tal y como lo hemos hecho hasta ahora".
AMLO respondió que "a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos". Y remató con que "el gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, (ni) de empresas".
En 20 años de operación en México, Iberdrola ha invertido 10 mil millones de dólares y en 2019 anunció un plan de inversiones para este sexenio de cinco mil millones de dólares, que ya no ejercerá en su totalidad, pues en junio canceló la inversión en una central eléctrica de Tuxpan.
En eso estábamos, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió por tiempo indefinido los efectos del Acuerdo por el que se Emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía el 15 de mayo, ante la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica el 22 de junio.
Quienes lo cuestionan, como los organismos empresariales, aseguran que el acuerdo de la Sener violenta la certeza jurídica de los proyectos de energías renovables de compañías privadas para beneficiar a la CFE y devolverle un papel protagónico en el sector eléctrico.
La Cofece interpuso la controversia al considerar que la política de Sener violenta principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución, de manera que afecta su mandato constitucional e invade su esfera de actuación.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, respondió que "la Cofece no va a decirle al presidente de la República cuál debe ser la política energética".
La semana cerró con la carta enviada al presidente Donald Trump, que se hizo pública el viernes, donde 43 congresistas de Estados Unidos advierten que la política energética de la 4T socava el espíritu del TMEC, al obstruir la participación de empresas estadounidenses y privilegiar a Pemex y la CFE.
AMLO afirmó que los gobiernos neoliberales "utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias", pero en su gobierno no se dará un paso atrás para rescatar a Pemex y CFE, así sea con una reforma constitucional para que predomine el interés de la nación sobre los recursos naturales.
El TMEC garantiza la independencia y soberanía de México en materia energética, pero no exime de los compromisos asumidos por el país con los inversionistas que participan en el sector.
A partir del sexto año de la entrada en vigor del TMEC, se realizará una revisión del mismo por parte de una comisión compuesta por representantes de cada gobierno (México, EU y Canadá).
La negociación de energía puede volver a la mesa de discusión en 2026 ante el supuesto 'patrón de obstrucción' a empresas energéticas de EU que acusan los congresistas de ese país.
Es un hecho que las críticas del presidente y su secretaria de Energía a la reforma energética de 2013, cuya continuidad se vio interrumpida desde el inicio del gobierno, generan incertidumbre sobre la inversión privada en el sector.
La 'nueva política energética' representa el cambio del modelo y el regreso a una fórmula donde el Estado tiene un papel preponderante en esa materia a través de Pemex y CFE.
La reforma energética 'neoliberal', por ser de orden constitucional, requirió el voto favorable de dos terceras partes del Congreso de la Unión precisamente para 'anclar' su constitucionalidad.
Cualquier modificación requeriría el mismo proceso de aprobación, por lo que el 'rescate' del sector energético no será en automático, pero seguirá la presión, al menos en el discurso, de una contrarreforma.
