El 30 de noviembre de 2018 se firmó el T-MEC, tras casi 14 meses de negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá.
Un año después hay serias dudas sobre su ratificación legislativa en EU antes de que termine el actual periodo de sesiones en la Cámara de Representantes y el Senado.
Peor aún, hay riesgo de que el T-MEC descarrile ante la presión de representantes demócratas en EU para hacer cambios en materia laboral al nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, que son inadmisibles para México.
En particular, proponen que inspectores estadounidenses verifiquen presencialmente en las fábricas mexicanas el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos en el T-MEC sobre protección de los trabajadores.
Imponer inspecciones laborales, que sería una condición de EU para la ratificación del T-MEC, es uno de los temas que la parte mexicana considera una 'línea roja' y algo totalmente inaceptable por ser una medida extraterritorial.
Con toda lógica, el Consejo Coordinador Empresarial rechazó lo que calificó como "demandas extremas" de EU en materia laboral para poner a votación el T-MEC.
Los cambios propuestos en EU van contra la competitividad de México y de sus socios de América del Norte, además de que vulneran nuestra soberanía, según representantes del sector privado.
En junio el Senado mexicano ratificó el T-MEC y cualquier modificación, además de que requiere el aval de ese órgano legislativo, sería una concesión para EU.
Desde junio, congresistas demócratas han estado trabajando con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, para hacer algunas 'precisiones' al T-MEC en cuatro temas que les preocupan, señaladamente el laboral.
La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha insistido en hacer cambios al T-MEC para garantizar el cumplimento (enforcement) de las leyes laborales mexicanas.
De acuerdo con el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, los ajustes al T-MEC podrían resolverse con enmiendas y adiciones, pero también ha advertido que México tiene claras sus 'líneas rojas'.
Una de ellas son las pretendidas inspecciones laborales estadounidenses, a las que el gobierno mexicano se opone porque socavarían la soberanía del país.
Asegurar el cumplimiento de las leyes laborales y fortalecer los derechos de los trabajadores son tareas que le competen única y exclusivamente a México.
Con ese fin se aprobaron una nueva legislación laboral y un presupuesto suficiente –de mil 400 millones de pesos– para instrumentar las reformas en esa materia durante su primera etapa.
El presidente Donald Trump puede enviar al Congreso el proyecto de ley de implementación del T-MEC cualquier día en que sesionen tanto la Cámara de Representantes como el Senado.
La ventana de oportunidad está cerrándose, pues la última sesión con votación de este año en la Cámara de Representantes era el 12 de diciembre, pero ayer se extendió el periodo cuatro días, del 17 al 20 de diciembre.
El lunes pasado, el senador republicano Chuck Grassley advirtió que "si no se puede llegar a un acuerdo para finales de esta semana, no veo cómo se pueda ratificar el T-MEC en este año... la ventana de oportunidad para 2019 es extremadamente ajustada".
Y si no lo aprueban en enero, antes de que inicien las elecciones primarias en EU, quién sabe cuándo pueda entrar en vigor el T-MEC.