Golpe a la confianza empresarial
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Golpe a la confianza empresarial

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Golpe a la confianza empresarial

25/03/2020
columnista
Víctor Piz
Dinero, Fondos y Valores

Si el gobierno quiere apostar a la inversión privada –extranjera, en este caso– para mitigar los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, acaba de enviar una pésima señal con la consulta popular sobre la planta de la cervecera Constellation Brands en Baja California.

Se cuestionan el proceso y el resultado de la consulta realizada el pasado fin de semana en Mexicali, en la que 76 por ciento votó en contra del proyecto.

Sin permisos subsecuentes de la Conagua, ya no se terminará de construir la planta de cerveza, pese a que el avance es de 60 por ciento y la empresa estadounidense lleva invertidos 900 millones de dólares de mil 400 millones comprometidos.

La inversión privada se mantendrá en el compás de espera en que ha estado desde hace tiempo y la incertidumbre generada por las dudas en las políticas públicas de la 4T, que siguen apuntando a un cambio de rumbo, estará lejos de disiparse.

En este momento, no puede decirse que el gobierno lleva a cabo acciones para recuperar la confianza empresarial, pues vuelve a haber una alta percepción de riesgo sobre México.

Aunque Constellation Brands se declaró lista para abrir un diálogo con el presidente López Obrador y reiteró su compromiso con México, el hecho trae a la memoria la consulta de octubre de 2018 que derivó en la cancelación de las obras del aeropuerto en Texcoco.

Con independencia de que puede considerarse una presunta violación al capítulo de inversión del TLCAN vigente, sobra decir cuál es el mensaje en términos de credibilidad, Estado de derecho, certidumbre jurídica y respeto a la propiedad privada.

Reconociendo que las principales acciones de mitigación de la epidemia de Covid-19 están en el ámbito sanitario, en el terreno económico el debate es si el gobierno debe desviarse de la meta de superávit primario y contemplar un déficit moderado para hacer frente al contagio del coronavirus y la caída en los precios del petróleo.

El CCE propone al gobierno “abandonar el objetivo de lograr el 1.0 por ciento del PIB de superávit primario… (y) si es necesario, tomar deuda de una forma responsable”, lo que equivale a incurrir en déficit.

En realidad, el Congreso de la Unión aprobó para 2020 una meta de 0.7 por ciento del PIB (186.2 mil millones de pesos) de superávit primario.

En 2019, el sector público obtuvo un superávit primario de 275.7 mil millones de pesos (1.1 por ciento del PIB).

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reformas por las que se autoriza a la Secretaría de Hacienda a disminuir el balance primario de este año a cero por ciento a fin de disponer de recursos para hacer frente al impacto del coronavirus y la caída en los petroprecios.

La iniciativa de reformas, que da lugar a la creación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias por 180.7 mil millones de pesos, aún debe ser aprobada por el Senado.

A ese fondo el gobierno podrá tener acceso sólo en casos de emergencias sanitarias –como el Covid-19– o crisis económicas.

Serán importantes la argumentación de Hacienda sobre el ‘plan déficit’ y la interpretación del mercado, pues el gobierno siempre había enfatizado su compromiso para mantener el superávit y contener el endeudamiento público.

Antes de la contingencia sanitaria, AMLO no perdía oportunidad de preguntar a los responsables de la política de deuda en Hacienda ‘cómo va el nivel de endeudamiento’, pues es una de las variables que monitorea con frecuencia.

Ahora tendrá que irle diciendo adiós a la ‘regla del superávit’.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.