No son más de 100 proyectos de infraestructura, sino 39 los que serán financiados por capital privado, de los cuales siete –todos del sector comunicaciones y transportes– se encuentran en ejecución desde el año pasado.
Y no representan una inversión de 339 mil millones de pesos como anticipó el presidente López Obrador a principios de abril, sino que su monto acumulado es de 297 mil millones, de los cuales 38 mil millones de pesos corresponden a los siete proyectos que están ya ejecutándose.
La nueva inversión prevista en el llamado Acuerdo para la Reactivación Económica es de 259 mil millones de pesos, monto cercano a 1.0 por ciento del PIB, según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
De los proyectos anunciados, cinco son del sector energía, que suman 99 mil millones de pesos, equivalentes a la tercera parte del total a invertir en infraestructura.
El más importante es la instalación de una planta coquizadora en la refinería de Tula, que implicará una inversión de casi 55 mil millones de pesos.
Los cinco proyectos del sector energético, que iniciarán en 2021 y serán ejecutados mediante 'alianza estratégica', son de energías convencionales, ninguno tiene relación con las renovables ni con la generación eléctrica.
El segundo proyecto más relevante por su monto es la construcción del tren Ciudad de México-Querétaro, con una inversión de más de 51 mil millones de pesos, obra que será 'revivida' en junio del año entrante, después de que fue cancelada en el gobierno anterior.
El Acuerdo para la Reactivación Económica es una reanudación del Plan Nacional de Infraestructura, presentado a finales de noviembre pasado, que contemplaba una inversión de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos.
El objetivo general del nuevo acuerdo, anunciado el lunes en Palacio Nacional, es crear entre 185 y 190 mil empleos, así como alcanzar la meta de inversión pública y privada de 25 por ciento del PIB en 2024.
No obstante, el reto se ve cuesta arriba sobre la base de que, en el segundo trimestre del año, la inversión total representó 17.9 por ciento del PIB.
La Inversión Fija Bruta, que es la que se utiliza en el proceso productivo, inició una tendencia descendente a principios de 2018 y se contrajo severamente durante el confinamiento en el país por la pandemia de Covid-19: en abril se desplomó 30.1 por ciento mensual y en mayo bajó 3.2 por ciento.
Ayer, el INEGI informó que la inversión registró en julio un avance de 4.4 por ciento respecto a junio, cuando había rebotado 20.1 por ciento mensual con la 'nueva normalidad'.
El presidente del Inegi, Julio Santaella, destacó que la recuperación de la inversión "tiene mucho trecho por recorrer, pues (…) todavía está 21.2 por ciento por debajo de julio (de) 2019".
Peor aún, "visto en retrospectiva histórica, la recuperación en V de la Inversión Fija Bruta parece haberse interrumpido en julio (de) 2020: alcanzó apenas un nivel equivalente al de agosto (de) 2005".
Con ese panorama, es muy retador el objetivo de alcanzar una inversión de 25 por ciento del PIB al término de la administración.
Es un buen esfuerzo del gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial para reactivar la economía y reducir la incertidumbre sobre la 4T, pero insuficiente frente a las necesidades de inversión del país.
El verdadero reto es impulsar una agenda de inversiones del sector privado, indispensable para superar los costos económicos asociados a la pandemia. ¿Se podrá?