La detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado, se suma a las preocupaciones por el Estado de derecho, el marco institucional y las persistentes violencia e inseguridad en México.
Son factores que incrementan la percepción de riesgo y propician un ambiente poco favorable para la inversión y el crecimiento, que parece estar condenado a ser inercial en el resto de la administración.
Las implicaciones para la actividad económica son más evidentes si el gobierno de la 4T quiere apostar a la inversión privada, nacional y extranjera, para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19.
El FMI mejoró sus escenarios para la economía mexicana, pues ahora espera una contracción de 9.0 por ciento en este año, por arriba de su estimado previo, que anticipaba una caída de 10.5 por ciento.
Si bien el pronóstico para 2021 pasó de un crecimiento de 3.3 por ciento a uno de 3.5 por ciento, para los siguientes cuatro años prevé un avance de 2.2 por ciento en promedio.
De acuerdo con las perspectivas del FMI sobre el ingreso per cápita, en el periodo 2019-2024, que corresponde al gobierno del presidente López Obrador, el declive acumulado del PIB por habitante en México será de 5.7 por ciento.
Será el primer sexenio en que el ingreso de los mexicanos empeore desde el periodo 1982-1988, con Miguel de la Madrid, cuando el PIB por habitante se desplomó 10.5 por ciento.
Propiciar un ambiente de confianza en el país es una condición indispensable para la recuperación de la inversión y el crecimiento de la economía.
No hay recetas mágicas para restablecer la confianza si se robustece el Estado de derecho, se garantiza la certeza jurídica y se respetan los derechos de propiedad.
El proceso de fortalecimiento del Estado de derecho se debe acompañar de políticas que combatan la inseguridad y abatan la corrupción e impunidad.
La respuesta a los problemas institucionales que han propiciado bajos niveles de inversión en México y dañado su nivel de competitividad, está en la mejora del Estado de derecho.
Sin seguridad y certeza jurídicas, en un entorno de debilidad de las instituciones, no habrá quien se atreva a invertir en México.
Cuando no hay confianza, las empresas limitan el alcance de sus inversiones por la falta de certidumbre sobre el mediano y largo plazos.
La estabilidad institucional del país y el consenso social respecto al reto de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad son temas clave para el crecimiento de la economía y el bienestar de la población.
Sobre todo en momentos en que una serie de factores de incertidumbre amenazan la recuperación económica, entre ellos los riesgos para la calificación soberana debido a la extensión de la pandemia.
Standard & Poor's advierte presión sobre la calificación crediticia de México, actualmente en BBB –dos niveles por arriba del grado de inversión– con perspectiva negativa.
Una ronda adicional de recortes en la calificación y un deterioro en la perspectiva de riesgo soberano podrían afectar el grado de inversión.
Según la más reciente encuesta de Credit Suisse entre inversionistas institucionales, la mayoría –74 por ciento– cree que México perderá su grado de inversión por parte de al menos dos agencias calificadoras en el gobierno de AMLO.
Si no se corrigen los problemas institucionales, se profundizarán los bajos niveles de inversión y el crecimiento inercial de la economía, que es insuficiente en un entorno extraordinariamente complejo.