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A propuesta del gobernador Adán Augusto López Hernández, el Congreso de Tabasco aprobó en comisiones un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.
La reforma será votada en el Pleno el próximo lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es "incongruente" castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobó por mayoría de votos los cambios al Código Penal en donde se aumentan las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan "delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación".
"Se trata de 'meter orden', porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco", dijo Julia Pardo Contreras, presidenta de la comisión.
La bancada del PRI se opuso a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, quien calificó la propuesta como "ley Antimarchas", pues no sólo busca frenar a los seudosindicatos, sino a cualquiera que pretenda manifestarse.
"Existen elementos que ponen en evidencia que las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prevenda, sino que por lo elevado de las penas, también serán pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de inconformidad en contra del Gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas", sostuvo.
Agregó que el presidente López Obrador desconoce este "atropello democrático" y seguramente no lo avalará, pues él mismo recurrió a plantones y marchas.
El dictamen señala que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando "cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas".
Por la comisión de este delito, se impondrán prisión de uno a cinco años. La pena se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad.
Si alguien incurre en el delito de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión.
Sobre el delito de interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años. La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años.
Se consideran multas económicas de 168 mil 980 pesos a quienes cometan estos delitos, y si son realizados por un servidor público o ex servidor público, por miembros o exmiembros de alguna cooperación policial, se impondrá una inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar un cargo o comisión pública.
Entre 2012 y 2018, Tabasco registró casi 2 mil protestas, de acuerdo con datos del Gobierno del estado y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab). Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los entes que más acciones de este tipo acumula.