Habitantes del municipio de Muna acusan a representantes de la Confederación Revolucionaria de Campesinos y Obreros (CROC) y de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios del Sureste de cometer fraude a través de un supuesto programa de vivienda.
De acuerdo con los afectados, que residen en esa localidad a una hora al sur de Mérida, los representantes de estos organismos defraudaron a mil 400 familias de escasos recursos de aproximadamente 24 municipios, con un monto cercano a los 40 millones de pesos.
Este 5 de julio, un grupo de afectados de Muna acudió a las instalaciones de Fiscalía General de Yucatán, para dar celeridad a las denuncias interpuestas desde el año pasado, ya que aún buscan recuperar su dinero.
Según los pobladores, se entregaron esos recursos para la ejecución del programa 'Construcción de vivienda básica en zonas dispersas', correspondiente a la Fundación Latinoamericana Pr-Housing para el Desarrollo Social y Humano.
María Patricia Couoh Baas, representante de los ciudadanos afectados, explicó en entrevista para Notimex que en realidad fue un fraude cometido por representantes de la CROC y de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios, y tan sólo en Muna, son 40 las personas afectadas.
Comentó que el programa de vivienda supuestamente beneficiaría a mil 422 personas de 24 municipios, donde cada una debió pagar de manera anticipada 27 mil pesos, que sería una cifra "módica", considerado que el costo real es de 120 mil pesos.
La mayor parte del gasto lo absorbería la supuesta fundación internacional.
Couoh Baas, acreditándose con documentos, expuso que la empresa Desarrollo Inmobiliario Kin sería la contratista de las obras, que ejecutarían del 1 de agosto al 29 de octubre de 2018.
"Algunas personas dieron el dinero en un solo pago, otros en abonos, para cual solicitaron préstamos con el fin de obtener la cantidad, cuyos intereses siguen pagando, y las casas nunca se construyeron", precisó.
La obra consistiría en 48 metros cuadrados de construcción por acción consistente en una sola planta subdivida en dos habitaciones, sala común y un baño.
Dicho documento está firmado por Juan Carlos Márquez Sol, en calidad de presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Grupos Agropecuarios del Sureste de México y por el empresario Carlos Eduardo Cisneros Rodríguez, como representante de la empresa que construiría las casas.
Al llegar el plazo establecido para las familias de Muna, las casas nunca empezaron a construirse, y lo mismo ocurrió en Tekit, Ticul, Celestún, Ucú, Hunucmá, Sacalum, Maxcanú, Oxkutzcab, Temax, y Seyé, entre otros municipios.
"En junio de 2017, en Temax se puso la primera piedra para la construcción de las casas, pero hasta ahí quedó todo. (...) Ante la emoción, las personas no se percataron que los pagarés estaban mal llenados, tenían tachaduras, no había nombres de los responsables, es decir, todo fue un fraude", enfatizó.
Para evitar estos casos, lo recomendable es firmar un contrato con la fe de un notario público, asesorarse para comprobar la identidad de las partes y vigilar que los instrumentos no cuenten con tachaduras y cumplan con los requisitos de la ley.
Durante la entrevista exhibió las denuncias con los números 242, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 y 296, interpuestas en la sede del Ministerio Público local de Maxcanú, en donde aún no citan a nadie declarar, por lo que decidieron acudir a la sede de la Fiscalía para exigir que se le dé celeridad al proceso.
*Con información de Notimex