CIUDAD DE MÉXICO. Para alcanzar "equilibrios" y un "justo medio", la Cámara de Diputados aprobó "ajustes" a la iniciativa presidencial que expide la nueva Ley Federal de Competencia Económica y que reforma cambios Código Penal Federal, reformas reglamentarias del artículo 28 constitucional para combatir las prácticas monopólicas de los grandes consorcios.
Con ello, los diputados sacaron la primera de las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales que el Congreso de la Unión tiene en su agenda del actual periodo ordinario de sesiones.
Con 301 votos a favor, 99 en contra y 2 abstenciones, los diputados aprobaron modificaciones para "suavizar", "quitar dientes al tiburón" y "flexibilizar" las facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica.
"Habrá una Cofece eficaz en su misión de combatir a las prácticas monopólicas, pero a la vez brinda a los agentes económicos mayor certeza y transparencia en sus procesos", argumentó el presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz.
Aunque en lo general se aprobó también con 397 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones, legisladores de todos los partidos se reservaron casi 90 propuestas de modificación a diversos artículos en lo particular.
Sin embargo, sólo se incluyó al dictamen un adendum con 14 modificaciones generales acordadas previamente y una sola propuesta aceptada durante el debate, presentada por Mario Sánchez Ruiz y aprobada por todos los grupos parlamentarios.
La nueva ley tiene como eje definir los mecanismos para desincorporación de activos y acciones de entes económicos declarados dominantes, en la búsqueda de eliminar los monopolios, barreras a la competencia, y define también las sanciones penales para empresas que incurran en prácticas monopólicas.
Después de más de 20 años, los diputados avanzaron así en una nueva Ley Federal de Competencia Económica, que castiga las prácticas monopólicas con monetarias que van de ocho a 10 por ciento de los ingresos anuales totales de los infractores del marco normativo de competencia. Asimismo, las sanciones penales oscilarán entre cinco y 10 años.
