CULIACÁN, Sinaloa.- La reforma al Artículo 51 Bis de Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, aprobada el miércoles 30 de julio y que prohíbe a los medios de comunicación tomar videos, audios o fotografías a personas involucradas en eventos delictivos e impide el acceso a lugares de los hechos será "analizada" para ser derogada lo más pronto posible, porque atenta contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, así lo expresó hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Jesús Enrique Hernández Chávez, apenas dos días después de que 38 diputados de 6 partidos políticos representados en la Cámara local, aprobaran el dictamen, sin discusión, y fuera publicado el decreto el mismo día en el Diario Oficial del Gobierno de Sinaloa.
"No nos dimos cuenta que se limitaban los derechos de la prensa en materia informativa - se excusó el diputado Hernández Chávez, del PRI - , pero, ustedes tampoco se percataron de ello" al dirigirse a los reporteros de la fuente del Congreso del Estado.
La reforma a la Ley Orgánica de la PGJE y de Seguridad Pública se le dio primera lectura el martes 29 de julio y al día siguiente, miércoles 30, en sesión extraordinaria, se dispensó la segunda lectura a propuesta de la diputada del PRI, Nubia Xiclalli Ramos Carbajal. Ninguno de los 38 diputados presentes se anotó para la discusión, por lo que el diputado presidente Adolfo Rojo Montoya (del Partido Acción Nacional) anunció la expedición del decreto correspondiente.
Fue hasta el jueves 31 de julio cuando los medios de comunicación informaron de la reforma que en el artículo 51 Bis señala que "los medios de comunicación tendrán acceso a información relacionada con investigaciones de la Procuraduría de Justicia a través de los comunicados de prensa oficiales que emita la Unidad de Información Pública, siempre y cuando se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia"
Asimismo, señala que: en ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Y "se prohíbe conceder información a los medios de comunicación, sin autorización del procurador."
Asociaciones de Periodistas, escritores locales y algunos representantes de la sociedad civil que leyeron las notas periodísticas el jueves, expresaron su rechazo a la reforma.
El gobernador del estado, Mario López Valdez, se pronunció porque el Legislativo analice y en su caso, modifique el contenido a la ley, ante la inconformidad y observaciones emitidas por representantes de los medios de comunicación.
Las críticas de la sociedad civil y de los medios de comunicación se centraron en el Procurador de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, porque consideraron que fue el promotor de esa reforma, aunque la iniciativa fue presentada por el Ejecutivo del Estado.
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