Juan Antonio Lara / Finsat
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey desechó la demanda de amparo que promovió la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) contra el bono que se autorizaron los diputados locales la semana pasada por considerarlo improcedente.
Roberto Gallardo Galindo, director de esta agrupación y quien promovió la demanda, dijo que interpondrán un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito y, de ser necesario, acudirán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso de Nuevo León acordó la semana pasada otorgarse un "bono de gestoría" de 35,000 pesos por diputado mensualmente y un incremento salarial de 5%.
Tanto el "bono de gestoría" como el incremento salarial entrarán en vigor a partir de este mes, señaló Juan Carlos Ruiz, Coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso, partido que tiene la mayoría.
Un diputado en Nuevo León gana mensualmente entre 79,957 y 90,863 pesos, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Egresos del 2013 para el estado.
El Juzgado Primero de Distrito desechó esa demanda por considerar que el quejoso no tiene interés legítimo para promover este juicio de garantías.
"Consideramos que el Poder Judicial debe reconocer como suficiente nuestro interés como ciudadanos y como contribuyentes, pues nuestro interés legítimo deriva del derecho que todo ciudadano tiene a exigir que se respete la legalidad del Estado", expresó Gallardo.
Explicó que los diputados locales cayeron en un evidente conflicto de intereses y este hecho afecta la esfera jurídica de todos los ciudadanos y crea una afectación específica, cuantificable.
El director de la ANEI mencionó que este bono de gestoría le permitirá al Congreso apropiarse de hasta 17 millones 640,000 pesos por año, es decir de un máximo de 52 millones 920,000 pesos durante el trienio de la actual Legislatura estatal.
Mencionó que de los 3 agravios que presentaron en su demanda, el Juez Christian Luis Corona Castro abordó sólo 2 y dejó de lado el agravio sobre el conflicto de intereses de los diputados.
Agregó que el Juez tuvo miedo de otorgar este amparo porque nunca se ha presentado una demanda igual en el país y porque esta resolución significaría empoderar al ciudadano frente a sus empleados, que son los legisladores. El plazo para interponer la revisión ante el Tribunal Colegiado vende entre el 6 de marzo.
Política